Andalucía Inmobiliaria ha celebrado una nueva edición de su tradicional Almuerzo-Coloquio de Promoción Inmobiliaria y Construcción, en el que han debatido representantes de las más importantes empresas del sector, junto al viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jaime Raynaud. El encuentro ha estado moderado por el arquitecto y miembro del Consejo Asesor de Ai José Antonio Granero (CGR Arquitectos), acompañado en la tarea por la directora-editora de la publicación, Rosa Hafner; la coordinadora de Redacción, Sonia Mora; y el periodista colaborador, Simón Onrubia.
Los representantes de las empresas asistentes han sido Arturo Coloma, presidente de DETEA; Ricardo Pumar, presidente de Grupo INSUR; Simón Chávarri, director general de CHAVSA; Ignacio Martín, director general de Construcción de Grupo Martín Casillas; José Ortiz, director territorial de Vía Célere; Jaime de Aspe, director de la División Inmobiliaria de INSERSA; Antonio Gálvez, consejero delegado de Grupo Galia; Manuel Mayo, socio director de Areall; Carlos García Nalda, socio fundador de Summeria; Antonio Gil, director territorial de Metrovacesa; Francisco José Hernández, director territorial de SAREB; Silvia Sánchez, directora territorial de Quabit Inmobiliaria; y Víctor de la Puerta, director territorial de Hábitat Inmobiliaria.
Durante el evento, del que se dará una amplia crónica en la edición de enero-febrero de esta publicación, el viceconsejero, además de manifestar la apuesta clara que el actual gobierno va a hacer por la fórmula de colaboración público-privada para proyectos de gran envergadura, anunció un importante paquete de medidas de carácter transversal, tendentes a simplificar los procedimientos administrativos. Por lo que a los sectores inmobiliario y de la construcción concierne, anticipó al respecto tres cuestiones fundamentales en las que trabaja la Consejería:
- La sustitución de licencias de ocupación por declaraciones responsables.
- La eliminación de los informes de patrimonio histórico-artístico en obras de carácter menor, siempre que no sean edificios protegidos ni se trate de actuaciones que afecten a la configuración o la estructura del edificio.
- Y la eliminación de la necesidad de aprobación de planes especiales en las infraestructuras de energía eléctrica y las instalaciones de actividades mineras.
Estas y otras muchas reflexiones, en el próximo número de Andalucía Inmobiliaria.
