Director general de Flacema. Profesor Doctor de Economía Financiera y Contabilidad
en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
La crisis sanitaria de la COVID- 19, con los cuellos de botella que se generaron en los canales de distribución, fue el comienzo del calvario por el que pasa hoy el sector de la construcción. La situación generada por la pandemia afectó severamente a los costes de producción de la construcción y de toda la economía. En febrero de 2022, lejos de ver solucionados sus problemas, la economía mundial vio como la crisis provocada por la invasión de Rusia a Ucrania vino a empeorar la situación y a agravar aún más el incremento de costes de los materiales -hierro, madera, cemento, ladrillos, cerámica, etc.- que se originó con la COVID-19.
Ante esta situación el gobierno aprobó un Decreto Ley, el 3/2022 de 1 de marzo, con el que se pretendía revisar los contratos adjudicados en 2020 y ajustarlos de alguna manera a los altos precios que se alcanzaron. Pero esta norma, debido a las exigencias que introdujo el Ministerio de Hacienda, llegó a ser tan exigente e inflexible que fueron muy pocas las empresas que se pudieron beneficiar de la misma.
Aunque los últimos años de exceso monetario, con tipos de interés negativos y compras masivas de deuda por parte de los bancos centrales, han tenido parte de responsabilidad en los altos niveles de inflación que vivimos hoy, las distorsiones que se están produciendo en las cadenas logísticas de suministro de materias primas, energía, etc., a consecuencia de la COVID-19 y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, son las máximas responsables de la situación que acontece. En este contexto, el 29 de marzo de 2022, el gobierno hizo un nuevo intento por ayudar al sector con el decreto 6/2022, que pretendía adoptar medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de esta guerra. Pero, al mantenerse las condiciones de acceso tan restrictivas, el decreto supuso un nuevo fracaso, resultando muy pocas las empresas del sector de la construcción que pudieron beneficiarse de la norma. En el mes de agosto el gobierno se atrevió con un tercer intento; pero al mantener de nuevo las condiciones restrictivas, no consiguió introducir ninguna mejora.
La consecuencia fundamental de esta sucesión de fracasos es que, si durante 2021 los costes de las obras se incrementaron un 22%, en 2022 crecieron un 33%, según la información proporcionada por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Según la patronal, cada vez son más los contratos de obras y servicios que quedan desiertos o paralizados.
Esta situación de incremento de costes y paralización de obras está llevando al cierre a numerosas empresas del sector; según los cálculos de la patronal, un tercio de las PYMEs del sector están en serio peligro de desaparecer.
Actualmente el gobierno se encuentra preparando un cuarto decreto para revisar los precios de la construcción, tras fracasar los tres primeros. Las empresas, dado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha negado una vez más a incluir la energía entre los elementos cuyo precio sea susceptible de revisión, son poco optimistas en cuanto a la efectividad de la misma. LA CNC calcula que un 95% de los proyectos no podrán acogerse a la revisión de precios.
En este contexto, la Junta de Andalucía, el 12 de abril de este año, aprobó un Decreto Ley para la actualización de los precios de los materiales de la construcción, con el que quería mejorar y complementar los decretos estatales, y evitar así la paralización de obras y la destrucción de empleo en Andalucía. La Junta de Andalucía pretendía con esta ley mejorar los decretos nacionales, que como se ha explicado, dejan muchas obras fuera de la excepcionalidad.
Pero paradójicamente, a pesar de la buena acogida que el decreto ha tenido entre los constructores andaluces, el gobierno de España ha decidido adoptar una política beligerante contra el mismo, exigiendo su derogación, incluso bajo amenaza de recurrirlo en el Tribunal Constitucional. Indudablemente este hecho provoca una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica a aquellas empresas andaluzas que pudieran estar interesadas en acogerse a la norma. Las patronales andaluzas de la construcción, tanto FADECO como CEACOP, han advertido muy seriamente del riesgo de que el sector sufra una importante ralentización de la actividad y pérdida de empleo; se calcula que podrían estar en riesgo alrededor de 100.000 empleos. El sector de la construcción andaluz reclama al gobierno de España una solución que frene el incremento que han experimentado los costes de los materiales de construcción desde principios de 2021, así como el incremento del 40% que ha experimentado la energía.
A los problemas antes señalados se une también el parón que está sufriendo nuestra economía. Si el gobierno de España elaboraba unos presupuestos con unas expectativas de crecimiento del PIB del 2,1%, con un cuadro macro no exento de críticas por parte de la AIREF, la UE rebajaba estas previsiones el pasado 10 de noviembre al 1%. Esta situación hace aún más necesario que nunca abordar de manera seria el gravísimo problema de la inflación, para ahuyentar cualquier “fantasma” relacionado con una situación de estanflación (alta inflación unida a caída o crecimiento bajo del PIB). La herramienta más efectiva para controlar la inflación es la política monetaria restrictiva, es decir, subir de tipos de interés. La presidenta del Banco Central Europeo ya ha advertido que se mantendrán las subidas de tipos, en tanto en cuanto la inflación siga en niveles inasumibles.
Los tipos altos, aun siendo imprescindibles para mejorar la situación inflacionista, encarecerán en gran medida el acceso al crédito de las empresas constructoras, especialmente de las más pequeñas y de aquellas que cuenten con menores garantías. Por otro lado, dificultarán también el acceso al crédito a los potenciales clientes del sector de la construcción. No olvidemos que el EURIBOR, que es el tipo de referencia más usado para el cálculo de intereses de las hipotecas en España, que en marzo se encontraba en valores negativos, ha cerrado octubre en el 2,629%.
Confiemos en que las administraciones alcancen algún tipo de acuerdo que ayude a paliar el incremento de costes por el que pasa el sector, dejando a un lado los intereses partidistas, los recursos y las actitudes beligerantes. El sector lo que necesita en estos momentos es un decreto efectivo que atenúe y mitigue las consecuencias de la inflación y no amenazas y guerras entre administraciones.
