¿Protección de la víctima en la ocupación ilegal?

Juan Carlos Céspedes Villalba

Miembro de la Comisión Normativa del Colegio de Abogados de Málaga

 

“… El delito constituye un injusto contra la sociedad y una violación de los derechos individuales de las víctimas. Por ello, las víctimas de delitos deben ser reconocidas y tratadas de manera respetuosa, sensible y profesional, sin discriminación de ningún tipo por motivos como la raza, el color, la etnia o el origen social, los rasgos genéticos, la lengua, la religión o las creencias, la opinión política o de otro tipo, la pertenencia a una minoría nacional, la propiedad, el nacimiento, la discapacidad, la edad, el sexo, la expresión de género, la identidad de género, la orientación sexual, el estatuto de residente o la salud…”.

En estos términos solemnes, a la vez de firmes y contundentes se pronuncia el Considerando 9º de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por la que se establecían las normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, en su transposición nacional, la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

Para centrar el objeto del presente comentario aclararemos a los lectores los conceptos sobre los que versará nuestra reflexión en la idea de ahondar en las posibles soluciones a una problemática compleja (entre otras cuestiones, la desprotección de las personas jurídicas, la apatía de la Administración en relación al acceso a la vivienda, desplazando a los administrados la carga de hacerlo, las situaciones de vulnerabilidad y su asistencia …), si bien únicamente desde la óptica de la víctima del delito, en el convencimiento de que dispone el Ordenamiento Jurídico de normas que le asisten y deberían conducir a la inmediata restitución en su derecho violentado.

De entrada y siguiendo con el título, por ocupación ilegal habrá de entenderse aquella conducta en la que, sin la autorización debida, se ocupa un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyen morada, o se mantienen en ellos contra la voluntad de su titular, definición del Código Penal del delito de usurpación. No abarcaríamos aquí aquellos casos en los que en la realización de estas conductas se emplee violencia o intimidación, en tanto que en esos casos parece existir consenso en torno a la inmediata intervención policial y judicial, no así en las primeras, dada su degradación a delito leve (¿olvido consciente del Legislador?) tras la reforma del Código Penal de 2015.

En relación a las víctimas, necesariamente nos estaremos refiriendo a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito (artículo 2 Estatuto de la Victima). En este caso, al titular del derecho atacado.

Y finalmente, tutela judicial efectiva, ¿a qué nos estamos refiriendo? Con ello necesariamente apelamos a la intervención inmediata desde que se tiene conocimiento de un hecho delictivo y al amparo en su condición de víctima que implica la restitución en su situación patrimonial. Y ello por cuanto que el artículo 18 del Estatuto de la Víctima regula expresamente la devolución de bienes, determinando que “…tendrán derecho a obtener, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la devolución sin demora de los bienes restituibles de su propiedad que hubieran sido incautados en el proceso. La devolución podrá ser denegada cuando la conservación de los efectos por la autoridad resulte imprescindible para el correcto desarrollo del proceso penal y no sea suficiente con la imposición al propietario de una obligación de conservación de los efectos a disposición del Juez o Tribunal ”, restitución que igualmente viene impuesta en el artículo 111.1º del Código Penal (…Deberá restituirse, siempre que sea posible, el mismo bien ). Y finalmente en el artículo 334 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ordenando que “ los efectos que pertenecieran a la víctima del delito serán restituidos inmediatamente a la misma, salvo que excepcionalmente debieran ser conservados como medio de prueba o para la práctica de otras diligencias ”, restitución en sede de Juzgado de Instrucción.

A la luz de las consideraciones expuestas ha de concluirse que las normas citadas amparan y protegen sin duda alguna a las víctimas en relación a las conductas expresadas en el bien entendido de que la constatación por la autoridad de la comisión de tales hechos debería accionar los resortes judiciales, restituyendo inmediatamente a la víctima en su propiedad. Solo así podremos aspirar a desterrar situaciones injustas contra la sociedad y una violación de los derechos individuales de las víctimas y desde luego, no las discriminaremos por razón de la propiedad, tal y como aludíamos al inicio.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad