Nieto anuncia el impulso a una veintena de nuevas sedes judiciales esta legislatura

Francisco Herrero, Jose Antonio Nieto, Juan Ignacio Zoido y Luis Miguel Martín Rubio

Jose Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública ha participado en un desayuno-coloquio organizado por la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, dirigida por Francisco Herrero, bajo el título ‘Andalucía hacia el liderazgo desde las reformas’, con el patrocinio del bufete Ontier.

El eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido ha sido el encargado de presentar al consejero, con quien ha destacado que comparte su formación en Derecho, su vocación municipalista y la experiencia de haber trabajado juntos en el Ministerio de Interior “en uno de los momentos más complicados donde me terminó demostrando su faceta de hombre de Estado, discreto y gran trabajador”.

El consejero ha defendido hoy que una Andalucía líder exige, además de una fiscalidad competitiva y una educación y sanidad públicas de calidad, una “Justicia eficiente y ágil”. Tras analizar la situación y los recursos disponibles desde su llegada al cargo, ha expuesto que tiene claro el modelo de Justicia que quiere para Andalucía. Su hoja de ruta para lograrlo pasa por reordenar los medios materiales y humanos de forma más eficiente, suprimir gastos superfluos aprovechando la digitalización, fomentar vías como la mediación para reducir la alta litigiosidad y planificar una red de infraestructuras judiciales adaptadas al siglo XXI. En este ámbito ha avanzado que su objetivo es impulsar los proyectos de una veintena de sedes explorando para ello vías alternativas de financiación.

Durante su intervención, Nieto se ha detenido especialmente en las reformas que quiere emprender en la Administración de Justicia. Tras 26 años con las competencias transferidas, ha lamentado “la ausencia de un modelo y una cultura de la planificación”. Y ha evidenciado los principales déficit: una de las tasas de litigiosidad más altas de España, pese al incremento constante de órganos, jueces y personal; “derroches inasumibles en pleno siglo XXI” como casi 15 millones de gasto en papel o correspondencia el año pasado pese a la inversión en digitalización; y una cuarta parte de las 152 sedes judiciales en condiciones “precarias” además de otras tantas “mejorables” y ha ahondado en la necesidad de contar con sedes dignas para garantizar un buen servicio junto a la reorganización de recursos materiales y humanos, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y el impulso a la resolución extrajudicial de conflictos, a través de la mediación en colaboración con entidades como la Cámara de Comercio o los colegios profesionales.

Su intención es impulsar en esta legislatura, de acuerdo con los grupos parlamentarios, una veintena de proyectos de nuevas sedes. En concreto, se ha referido a las cinco Ciudades de la Justicia de las capitales que faltan, diez edificios en ciudades medias y cinco sedes en partidos judiciales más pequeños que actualmente presentan más deficiencias. En algunos casos se iniciarán los trámites administrativos previos, en otros podrán comenzarse las obras y algunas como la Ciudad de la Justicia de Sevilla empezarán a funcionar incluso este año, con el traslado de los primeros órganos a partir de junio, ha detallado.

Para ello ha apostado por vías de financiación como la colaboración público-privada, el empleo de fondos europeos “hasta ahora vetados para este uso y que creemos que podemos activar” y la obtención de ingresos mediante la venta de sedes que queden en desuso y también se ha referido a nuevas fórmulas para contar con instalaciones alquiladas adecuadas como establecer convenios con ayuntamientos que tienen liquidez para construir o rehabilitar edificios adecuados para uso judicial, de forma que ellos asumen la obra y la Consejería el pago de un arrendamiento que les permita amortizar el gasto.

Además ha apuntado a la posibilidad de firmar contratos de arrendamiento reforzado a largo plazo (20 o 25 años) con arrendatarios privados con la rentabilidad de mercado y la seguridad que ofrece la Junta de Andalucía.

En el caso de la Administración Pública, el reto es gestionar casi 280.000 trabajadores (incluyendo sanitarios, docentes y personal de los entes instrumentales) y 20.000 millones de presupuesto (entre los capítulos de personal y gasto corriente) con la finalidad de “ser eficientes, y sostenibles, que todos nuestros recursos aporten valor y todas las partidas sean útiles”. Las medidas forman parte del mandato del presidente de la Junta que “desde la pasada legislatura decidió que las reformas iban a ser la principal palanca de su proyecto para el desarrollo de Andalucía” porque “nadie nos va a regalar nada” y, como señala el darwinismo, “los que sobreviven no son los más fuertes ni los más inteligentes sino los que mejor se adaptan al cambio”, ha subrayado.