Acoso fiscal a la vivienda

De todos es conocido que el sector inmobiliario andaluz atravesó en toda la década anterior a 2007 una situación esplendorosa, que contribuyó de forma decisiva al desarrollo económico de la región y a la creación de cientos de miles de puestos de trabajo en las más diversas actividades productivas.

Este logro lo propició en gran parte el gran atractivo que presentaba la inversión en vivienda con crecimientos de precios continuados, la abundancia del crédito disponible y las importantes ayudas que otorgaban las Administraciones Públicas, tanto a promotores como a compradores, para el desarrollo de los proyectos y para la adquisición de las viviendas, a través de planes específicos muy generosos que llegaron incluso a proclamar la vivienda como un derecho básico de la población.

Con el transcurso del tiempo, desde 2007 para acá la situación se ha ido deteriorando de manera vertiginosa como consecuencia del agotamiento natural del sector y la supresión de la práctica totalidad de las ayudas que otorgaban las Administraciones, sobre todo, la Junta de Andalucía.

No es pues de extrañar que el sector inmobiliario andaluz se encuentre actualmente en una situación extremadamente delicada, como lo evidencian de hecho todos los parámetros que se utilizan para pulsar su estado con caídas inimaginables en el número de licencias de obras, viviendas iniciadas en construcción y terminadas, y ello tanto en lo que se refiere a viviendas turísticas como en viviendas libres o protegidas, lo cual ha generado la pérdida de multitud de puestos de trabajos en todas las provincias andaluzas.

Aunque todos los agentes que intervenimos en los procesos de edificación estamos realizando grandes esfuerzos en la racionalización de los costes de las promociones, que han logrado reducir el precio de las viviendas y acercarlo a las capacidades adquisitivas de la población, es también evidente que las Administraciones se están desentendiendo de la responsabilidad que tienen en mantener un sector tan importante para la economía andaluza, ya que en lugar de reducir sus impuestos los incrementan de manera desmesurada, provocando un mayor hundimiento del mismo, todo lo cual es necesario corregir con la mayor urgencia posible en la misma cuantía en que han disminuido los precios.

A título de ejemplo, no es presentable que la Administración Central haya anunciado para el próximo año la supresión de la deducción  fiscal de la vivienda y la subida del IVA; que la Junta de Andalucía haya incrementado la tributación de los Actos Jurídicos Documentados (AJD), que  cobra 4 veces por el mismo concepto en un 50%, y que los Ayuntamientos exijan el pago de las Plusvalías, Valores Catastrales e Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) muy alejados de los valores reales de los inmuebles.

Evidentemente, con esta avaricia es muy difícil, por no decir imposible, que el sector levante cabeza.

Y la verdad, es que es una auténtica pena, porque los precios de la vivienda han tocado fondo y el mercado ya está dando muestras elocuentes de ello, como sin duda lo acredita el incremento que ha experimentado la venta de viviendas turísticas a extranjeros en nuestra región, (del orden del 12%) o el último dato conocido respecto al mes de agosto en el que Andalucía ha sido la Comunidad Autónoma con mayor número de compra-ventas de vivienda libres y protegidas de toda España.

Si todos arrimamos el hombro el futuro del sector puede ser halagüeño, sobre todo en ciudades como Sevilla, que tiene unas características muy especiales si tomamos en consideración que no tiene un estocaje importante de viviendas sin vender en la ciudad, y la falta de suelo para acometer nuevas promociones en el futuro inmediato, como consecuencia de los problemas existentes en el desarrollo de los Planeamientos Urbanísticos, todo lo cual está desembocando en un agotamiento continuo de las viviendas terminadas y un previsible incremento del precio de las que vayan a construirse, derivado del alza que van a experimentar los impuestos y la escasez de producción que se avecina.

El escenario actual, por tanto, podría cambiar en el medio plazo, pero para ello es imprescindible que las Administraciones sean más sensibles y que aunque no tengan recursos para ayudar a la vivienda, al menos cesen en su afán recaudatorio y en pretender vivir toda la vida del sector inmobiliario. Ai

 

Juan Aguilera Ruiz

Gerente de Gaesco