Arquitectura y edificación ante la Ley de Servicios y Colegios Profesionales
José Antonio Granero
Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
La edificación es un sector fundamental de la economía, relacionado con el s
ector inmobiliario, la industria de la construcción, el turismo y la energía, y tiene implicaciones directas en el bienestar de los ciudadanos, nuestro patrimonio cultural y el entorno medioambiental. Hoy no puede hablarse en España de crecimiento y empleo, sin estos sectores y su necesaria profesionalización.
La complejidad de la edificación requiere en muchas ocasiones la colaboración de diferentes profesionales técnicos, cuyas atribuciones están definidas en base a los conocimientos adquiridos, y cuya colaboración se produce de forma fluida, desde la aprobación de la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E.) en 1999, que establece el marco de intervención de todos los profesionales. Son precisamente las profesiones técnicas en España, arquitectos e ingenieros, por su formación y capacitación técnica, las que cuentan con un mayor reconocimiento internacional.
Hoy las palabras liberalización, desregulación, mercado y competitividad son políticamente correctas; sin embargo, el libre mercado sin regulación no organiza de forma efectiva y estable la sociedad moderna. De ahí que, en Europa, la economía de mercado incluya consideraciones sociales más amplias, de ética, justicia y bienestar, y los gobiernos asuman responsabilidades en políticas básicas, para garantizar, de forma equilibrada, el acceso a bienes y servicios necesarios, pudiendo controlar los precios para mantener un desarrollo económico eficiente y sostenible.
No obstante, no debemos confundir el mercado de bienes con el de servicios profesionales, en el que por la asimetría de la información, no existe la competencia perfecta. Los gobiernos suelen poner en marcha políticas para frenar la competencia desleal, en beneficio de los consumidores.
Por ello sorprende un Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (A.L.S.C.P.) que pretende establecer un marco regulador eficiente, solo desde el punto de vista económico, y no desde el profesional; que habla de productividad y competitividad, y obvia los problemas pendientes de los profesionales, y en especial de los arquitectos en España, la responsabilidad civil y el aseguramiento, la homologación de títulos y las condiciones de la contratación en un mercado que no valora, y por tanto no invierte, en conocimiento, innovación y calidad técnica.
El Anteproyecto de Ley plantea posibles reformas en el marco legislativo de la edificación, la L.O.E., y trata de “eliminar las restricciones al acceso basadas en la cualificación”. En arquitectura, que la cualificación se considere una restricción de acceso al mundo profesional, supone equiparar titulaciones diferentes y reducir la importancia de la formación.
La Arquitectura se construye para ser habitada por personas, forma parte de una ciudad o de un paisaje, y es patrimonio de una sociedad que convivirá con ella décadas, requiere años de formación y el estudio de la carrera de arquitectura, que no puede considerarse una barrera de acceso.
Que más personas puedan acceder a un mismo empleo no implica la creación de nuevos empleos, sino una disminución de la calidad del trabajo especializado que se realiza, con reducción de garantías para los usuarios, introduciendo inseguridad jurídica e intrusismo.
El mercado de servicios profesionales de la Arquitectura en España se basa en estructuras productivas de PYMES y autónomos, muy competitivos, de gran valor, eficiencia y creatividad. La Arquitectura en España es empresa, es actividad económica que se apoya en la industria, significa I+D+i y tiene un extraordinario reconocimiento internacional. Cientos de arquitectos fuera de España se incorporan en los mejores equipos y proyectos, y dan clase en las mejores universidades del mundo.
Es necesario apoyar a esos profesionales, que son competitivos por su cualificación, coste y eficacia. Que representan el emprendimiento y la innovación, desde el conocimiento y la responsabilidad, y que podrían seguir desarrollando su trabajo desde España en el ámbito internacional.
Sin embargo, el Anteproyecto de Ley que propone el Ministerio de Economía y Competitividad supondría el desmantelamiento final de ese tejido profesional, en aras de una supuesta competitividad que solo beneficiaría a las grandes compañías internacionales, y empobrecería la economía española.
La oportunidad y el reto están en exportar arquitectura, y no seguir deportando arquitectos.
En países como Alemania se apoya a ese tejido profesional e industrial, favoreciendo la inversión en formación y tecnología, para que se compita en calidad, desde la seguridad jurídica y la transparencia. Para ello se fijan unos precios orientativos de los servicios profesionales, y el alcance de la contraprestación exigible para información del usuario. Esto permite el establecimiento de estructuras profesionales estables, mientras que en España la desregulación y la competencia solo en precio llevan a la destrucción profesional. Y la Administración debería dar ejemplo en la contratación pública.
A todo lo anterior, se añade el ataque del Anteproyecto de Ley a los Colegios Profesionales, que estructuran sociedad civil independiente y que están recogidos expresamente en la Constitución Española. Los Colegios de Arquitectos realizan una función pública, delegada de la Administración, de regulación, control y ordenación del ejercicio profesional, configurando una estructura de garantías y servicios para los ciudadanos, sin coste para ellos ni para el erario público.
A los arquitectos nos puede salir más barato no estar obligados a colegiarnos, a los ciudadanos no. Lo que ahora gastan e invierten los colegios en esos servicios lo va a tener que gastar la Administración y este gasto recaerá sobre los contribuyentes. ¿Dónde está ese supuesto ahorro de la desregulación?
En un mundo que pretende ser más justo y equilibrado, medir todo en términos económicos resulta obsoleto. Nuestro objetivo está en un desarrollo enfocado a aumentar nuestro nivel de vida, y son tres los actores principales: los profesionales, los usuarios y el Estado, cada uno debe tener correctamente definida su presencia y peso en la sociedad civil.
Los profesionales debemos servir de referente e influir desde el conocimiento y la responsabilidad en las decisiones políticas, fijando criterios y rechazando ocurrencias, como algunas que contempla este Anteproyecto, que pueden corregirse fácilmente antes de convertirse en Proyecto de Ley.
Se trata de no cambiar una ley sectorial como la L.O.E. desde una ley generalista, mantener la colegiación obligatoria en todas las actividades que afectan a la seguridad física y jurídica de bienes y personas, como es el caso de los arquitectos en toda su actividad, y apoyar la competitividad desde la calidad, la seguridad jurídica y la transparencia en el mercado de servicios profesionales. Ai