CEACOP alerta de despidos masivos y cierre de empresas andaluzas de obra pública ante la subida de los costes de los materiales

CEACOP (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública) ha advertido a través de un comunicado de que las empresas del sector de la obra pública, en su mayoría pymes, “se verán obligadas a drásticas reducciones de plantillas e incluso alguna deberá cerrar si no se toman medidas urgentes desde las administraciones que mitiguen la crisis derivada tras la subida extraordinaria, imprevisible y sostenida en el tiempo, de los precios de los costes de los materiales, los combustibles y la energía. Un hecho que, además, se ha agravado de manera exponencial debido a la guerra de Ucrania”.

Dicho encarecimiento se ha multiplicado en los últimos meses, con especial incidencia en el betún, el acero, la madera, el aluminio o el cobre, todos ellos materiales fundamentales en la construcción. De hecho, el problema es de tal magnitud que ya existe desabastecimiento de algunos de ellos.

Según la patronal, las empresas ya no pueden asumir esta subida de precios desmesurada. “Cuando se presentaron las ofertas, la coyuntura económica era distinta y, actualmente, nos encontramos con que los precios en el mercado no son los mismos que cuando se firmaron los contratos”, subraya la presidenta de la entidad, Ana Chocano Román, quien alerta de la paralización de numerosos proyectos a lo largo de los próximos meses.

A modo de ejemplo, la organización explica que infraestructuras que hace apenas unos meses se adjudicaron por un millón de euros, presentan un coste actual de ejecución de hasta un 30% superior al importe previsto en su momento.

“Las compañías -explica Chocano- estamos financiando las actuaciones, tenemos que comprar más caro, pero a nosotros nos van a pagar lo que se fijó en el precio de adjudicación. A ello hay que sumar un problema añadido: si nos retrasamos en la ejecución de las obras, se nos aplicarán penalizaciones, cuando es conocido por todos que hay materiales que no están llegando”. “Pedimos -añade – que en los casos límite en los que la empresa no pueda afrontar la ejecución de las obras se negocien rescisiones de contrato de común acuerdo, dado que no son causas imputables al contratista, sino derivadas de una situación sobrevenida. En caso contrario, se pondrá en peligro la viabilidad de las compañías y el empleo de sus trabajadores”.

La nueva norma del Gobierno central

Desde el Círculo lamentan asimismo que “la única medida que ha implantado el Gobierno central llega tarde y no soluciona el problema existente en la región. El motivo es que, según el Real Decreto Ley 3/2022 publicado el 2 de marzo en el BOE, el número de contratos que pueden acogerse al mismo en Andalucía es mínimo, dado que tiene importantes limitaciones. Entre ellas, las más destacables son que solo se aplicará a aquellas obras que ya se estaban ejecutando en 2021 -dejando sin revisar las iniciadas en este año- o que no tiene en cuenta la subida del precio de la energía”.

“Por ello, pedimos a la Junta de Andalucía que elabore su propio sistema de revisión, un modelo objetivo y eficaz que permita la justa ejecución de los contratos sin suponer la quiebra de las empresas. Igualmente, instamos a los ayuntamientos y diputaciones a que se acojan al mismo, dado que los entes locales no tienen definida su hoja de ruta y son titulares también de muchos de los contratos de obra pública”, recalca Ana Chocano.

CEACOP reclama que todos los órganos de contratación sean flexibles y autoricen suspensiones temporales de ejecución mientras se acuerda el mecanismo de reequilibrio de los contratos, pues, de otro modo, la crisis no solo afectará a las empresas y sus trabajadores, sino al conjunto de la ciudadanía al sufrir la paralización sine die de obras imprescindibles.

Otra medida que reclama es la posibilidad de aplicar ERTEs especiales por esta causa imprevisible y de fuerza mayor, tal y como se hizo con algunos sectores durante la pandemia. Así, se evitaría la destrucción de miles de empleos, un hecho de especial gravedad en una comunidad que sufre una de las tasas de paro más elevadas de España.

Por último y ante esta crítica situación, se plantea “promover diferentes movilizaciones y paros en las obras públicas de la región si las administraciones no toman medidas que permitan restablecer las condiciones de equilibrio económico en los contratos públicos firmados”.

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