La futura Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio supera el debate a la totalidad

El Proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (LISTA) ha superado el debate de totalidad en el pleno del Parlamento, por lo que ahora seguirá su tramitación en comisión parlamentaria, donde comparecerán los agentes sociales y los grupos políticos podrán plantear enmiendas parciales. El proyecto de ley ha superado el trámite tras rechazarse la enmienda a la totalidad de Unidas Podemos por Andalucía con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox y la abstención de PSOE.

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha agradecido que ahora sí los grupos parlamentarios atiendan al «amplio consenso social» que hay tras la LISTA. «Pocas leyes han sido más demandadas que ésta», ha expresado la consejera, que ha mostrado el respaldo por escrito de casi una treintena de entidades empresariales y colegios profesionales, además de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que defienden «un camino más sencillo, ágil y que de más seguridad jurídica a ayuntamientos y promotores», como el que propone la ley.

Los firmantes abogan por el impulso de los principios de simplificación recogidos por el proyecto de ley, así como la necesidad de dotar de seguridad jurídica a la actividad territorial y urbanística y reducir los plazos de aprobación de los planes generales. De igual manera, coinciden con la LISTA en el impulso al equilibrio territorial y el desarrollo rural; el refuerzo de la actividad en materia de disciplina territorial y urbanística, el impulso de medidas de adecuación ambiental, la digitalización del sistema territorial o el impulso de la colaboración público-privada como herramienta fundamental para afrontar e impulsar proyectos que beneficien a los ciudadanos.

Este decálogo ha sido suscrito, según ha citado la consejera, por la Confederación de Empresarios de Andalucía, el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, el Colegio Andaluz de Registradores de la Propiedad de Andalucía Occidental y Oriental, el Colegio Notarial de Andalucía, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, el Consejo andaluz de profesionales economistas, el Colegio de Biólogos, el Colegio de Geógrafos, el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, el Colegio Andaluz de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Andalucía Occidental, la Asociación Abusos Urbanísticos Andalucía No (AUAN), Fadeco Promotores, Fadeco contratistas, el Consejo Andaluz de Ingenieros Técnicos Industriales, el Colegio Andaluz de Ingenieros Industriales Andalucía Occidental y Oriental, el Colegio Oficial Ingeniero de Minas de Andalucía, el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones Andalucía Occidental y Oriental, y Melilla y Ceuta, el Colegio de Ingeniería Geomática y Topografía, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, el Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía, el Consejo Andaluz de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obras Públicas (Ceacop) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

La consejera ha añadido que no sólo es una necesidad del sector, sino de muchos ayuntamientos. «El respaldo de la FAMP viene a señalar que son los ayuntamientos los que piden a gritos un cambio en la normativa», ha indicado Marifrán Carazo, que ha añadido que su Consejería ya cuenta con 60 mesas de trabajo que se han puesto en marcha con los consistorios para abordar sus planes generales.

«No desaprovechemos esta nueva oportunidad, seamos responsables, estemos a la altura de lo que nos reclama Andalucía para ser herramienta de reactivación», ha indicado la consejera a la hora de pedir agilidad y celeridad por parte de todos en la tramitación parlamentaria de la LISTA que este miércoles se inicia. Al respecto, ha pedido a los grupos parlamentarios que escuchen a las organizaciones que comparten los objetivos de esta ley y «no frustren las expectativas, la esperanza que supone la LISTA para muchos profesionales y trabajadores andaluces, para muchos municipios, grandes y pequeños, para sus vecinos que quieren ser protagonistas del cambio de modelo urbanístico y de la recuperación económica».

Marifrán Carazo ha destacado que la LISTA no sólo contribuirá a clarificar el urbanismo andaluz después de «años de maraña administrativa que ha frenado el desarrollo de Andalucía», sino que será un aliado para la reactivación económica. «La ley aportará seguridad jurídica, minimizará los tiempos de aprobación de los planes urbanísticos y reducirá los trámites para que se desarrollen proyectos que sean viables y que lleven incorporado un sello de sostenibilidad y protección del entorno», ha manifestado la consejera tras la votación.

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de abril el proyecto de ley, después de un año de intenso trabajo y que ha estado marcado por la participación ciudadana. Aparte de numerosas reuniones sectoriales mantenidas, se han recibido y atendido aportaciones de ayuntamientos, diputaciones, asociaciones de vecinos, colectivos sociales y entidades expertas en urbanismo en este proceso de participación ciudadanas. Además, se ha contado con el dictamen favorable unánime del Consejo Consultivo de Andalucía.

El objetivo de la LISTA es poner fin al laberinto legislativo generado por lustros de aplicación de la la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA, 2002) y de Ley de Ordenación del Territorio (LOTA de 1994) y garantizar el desarrollo de actuaciones urbanísticas que sean, por este orden, viables social, ambiental y económicamente. La nueva ley facilitará que haya menos conflictividad judicial, puesto que hoy hay en torno a 500 planes generales anulados o suspendidos parcialmente por motivos formales o de fondo.

La futura ley aspira a simplificar e integrar en un único texto legal la regulación en materia de ordenación del territorio y urbanismo, así como agilizar los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y su proceso de tramitación y aprobación, reduciendo plazos y trámites. Se pasará de los entre ocho y diez años de media para aprobar un Plan General a una media de dos años.

Además, incorporará directrices territoriales para proteger el litoral y el paisaje, así como clarifica las competencias entre comunidad autónoma y ayuntamientos. Igualmente, se reforzará la disciplina urbanística e incluirá el decreto ley de viviendas irregulares ratificado en el Parlamento con los votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos y VOX.