«La vivienda: Un derecho venido a menos» , por Juan Aguilera, Gerente de GAESCO.

LA VIVIENDA: UN DERECHO VENIDO A MENOS

La nueva Ley Nacional de Vivienda que ha impulsado el Gobierno de la Nación, ya publicada en el BOE, destaca en su Preámbulo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU el 10 de diciembre de 1948, reconoció el Derecho de los ciudadanos a una vivienda digna. Sin embargo, sorprende que no haga ninguna referencia al trabajo que realizó el Estado Español en esta materia desde esa fecha hasta 1978, año en que se aprobó la Constitución Española olvidando probablemente de forma intencionada, que en esos treinta años se construyeron y entregaron nada más y nada menos que 4.100.000 viviendas a un ritmo superior al triple de las que se han construido en años posteriores. Se debe señalar que en aquella época, los adquirientes pudieron pagar sus viviendas en plazos de ocho y diez años gracias a que los préstamos tenían un interés reducido y a que la vivienda gozaba de numerosas bonificaciones fiscales, entre las que destacaban la exención del Impuesto sobre Tráfico de Empresas (ITE), sustituido por el IVA, o la bonificación del 90% en las tasas de licencias de obras y plusvalías, incluso en la compraventa de los terrenos destinados a la construcción de VPO, así como una desgravación importante en el IRPF. Esta auténtica protección del Derecho a la vivienda por parte del Estado impulsó la construcción de cientos y cientos de barrios en toda España que conformaron la imagen de numerosas ciudades, como es el propio caso de Sevilla con la construcción de barrios tan emblemáticos como San Pablo, Rochelambert, el Tardón o el Tiro de Línea, entre otros muchos más. Desde la llegada de la Democracia hasta el año 2008, estas ayudas fiscales se fueron suprimiendo poco a poco aunque en honor a la verdad se debe decir que las Administraciones siguieron manteniendo su apoyo a la vivienda otorgando importantes subvenciones a fondo perdido, tanto para los promotores como para los adquirientes, que permitieron que los jóvenes pudieran acceder a una vivienda en propiedad pero, desgraciadamente, con la crisis financiera del 2008 estas ayudas también se suprimieron y como consecuencia de ello, la juventud española y las clases más desfavorecidas no pueden acceder a la vivienda, ni en alquiler ni en propiedad, todo lo cual retrasa la edad de emancipación y de forma directa la caída de la natalidad, con todos los graves problemas que origina. Actualmente, el Estado en su conjunto se puede decir que se ha desentendido de su apoyo a la vivienda como lo demuestra el hecho de que en los cinco últimos años, que van desde 2017 hasta 2022, en Andalucía y en la provincia de Sevilla no se ha calificado ninguna vivienda de protección oficial según datos del propio Ministerio, a pesar de que el conjunto de las Administraciones recauda y se apropia del 30% del precio de la vivienda por la exigencia de un sinfín de impuestos. En base a todo lo anterior, cabría esperar que el Estado con la nueva Ley se volcara más en la protección de la vivienda, sobre todo cuando reconoce que existe poca oferta y su precio es muy alto, pero a pesar de esta proclamación las medidas que toma en su texto son contrarias a estos objetivos, ya que traslada a los propietarios y a las empresas la responsabilidad que tiene el propio Estado. Para colmo de males, el Gobierno pretende vender la ley desde un discurso propagandístico con la promesa de que la vivienda va a convertirse en la quinta columna del Estado del Bienestar, cuando la verdad es que las ayudas que debería ofrecer brillan por su ausencia, ocultando el gran negocio que tiene montado con la recaudación fiscal de la vivienda y la necesidad de que el Estado asuma un compromiso más firme con un bien tan básico para la persona y para la sociedad en general.

Juan Aguilera Ruiz Gerente de Gaesco