Las tablas de la Ley
Mikel Echavarren
El Gobierno ha aprobado en estos días el anteproyecto de Ley sobre la Vivienda que, en mi opinión, responde a diversos motivos de carácter político que vamos a comentar más adelante.
La base del desarrollo de este proyecto de ley no deja de ser, en mi opinión, la constatación del fracaso de las administraciones públicas en dar respuesta a una necesidad de todos los españoles, el acceso a una vivienda a un precio razonable. Y es un fracaso, porque ante la ausencia de fondos suficientes como para poder desarrollar un parque de viviendas públicas, el gobierno pretende asaltar la propiedad privada para conseguir unos fines parecidos, sin gastarse un euro, aun a costa de incrementar la inseguridad jurídica, atentar contra la propiedad privada y el derecho a la libre empresa.
En lugar de comprometer fondos públicos con una perspectiva de largo plazo, esta ley pretende dar el derecho a las administraciones locales de apropiarse de la propiedad ajena y, como los corsarios en tiempos pasados asaltar los derechos ajenos. Si estos asaltos se realizaran pensando en el beneficio general de los ciudadanos, al menos podría explicarse que estaban justificados en unos objetivos globales. Pero ante las enormes dificultades que tiene la aplicación de esta ley, no dejo de pensar que el principal objetivo de la misma no es resolver un problema de los ciudadanos, sino del Gobierno en vísperas de elecciones.
La ley pretende atacar el aspecto más visible de los problemas de acceso a la vivienda, los elevados niveles de alquileres que deben pagar los jóvenes en relación con su renta disponible. En esta ecuación, la de la renta disponible, hay una serie de factores en los que, por supuesto, el Gobierno no ha querido entrar, como son las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones del impuesto sobre la renta. Podría pensarse que si se quiere mejorar la capacidad de pago de los jóvenes en el acceso a una vivienda y en el alquiler, también podría considerarse rebajarles los impuestos e incluso las cuotas a la Seguridad Social, pero eso parece que son palabras mayores en dos conceptos que atacan lo más íntimo de nuestros gobernantes: disponer de grandes recursos para gastarlos a manos llenas.
Parece razonable que a un joven al que se le retiene el 20% de su nómina y tiene dificultades para pagar un alquiler tal vez se le podría retener la mitad liberando parte de su sueldo para hacerle la vida algo más fácil. En este sentido, podrían establecerse medidas de deducibilidad de un importe mayor de la cuota, incluso de su totalidad, dado que es obvio que esa parte de la renta disponible no se utiliza para otro objetivo que el de tener cobijo. Tampoco parece muy razonable que, de forma directa e indirecta a través de la aportación a la Seguridad Social por parte de la empresa, se destine un 30% de su coste salarial a pagar a la Seguridad Social justo en el momento en el que más necesitaría una parte de ese sueldo para poder emanciparse.
Los aspectos principales de la Ley de la Vivienda, descartada la posibilidad de que los jóvenes dispongan de más dinero, van destinados a ofrecer herramientas a las administraciones locales para, unilateralmente, declarar zonas tensionadas en sus municipios, congelando durante un periodo indeterminado las rentas de alquiler.
Se opta por un enfoque antipático y punitivo contra los propietarios de viviendas en alquiler que no augura ningún resultado positivo en el largo plazo.
Este tipo de tropelías no están permitidas en la legislación española de acuerdo con la Constitución, que indica que nadie será privado de sus bienes ni sus derechos sin una compensación económica.
Para aderezar este atropello con un poco de demagogia, se ataca a los denominados grandes tenedores, siendo aquellos los que tienen más de cinco viviendas. Este ataque va en contra de la realidad del mercado, en el que precisamente los grandes inversores son aquellos que son capaces de ofrecer mejores condiciones habitacionales, dado que su volumen mayor de viviendas en propiedad les permite ofrecer una gestión más eficiente de los inmuebles, de su mantenimiento y de la respuesta a las necesidades de sus inquilinos. Esta es una tendencia generalizada en todo Europa, en contra de la demagogia de un gobierno que pretende que el mercado esté más atomizado y, por lo tanto, más dividido a la hora de ejercer sus derechos.
Si la ley es un compendio de medidas populistas contra los propietarios de viviendas en alquiler, la guinda la pone el Gobierno al proteger de forma ilegítima a los usurpadores de la propiedad de las viviendas, también denominados okupas. Esta norma pretende que para desalojar a los delincuentes que han asaltado una vivienda sea necesario recabar información de esos ladrones para ver si la vivienda ocupada es su primera vivienda y cuál es su condición económica antes de proceder a un desahucio. Para colmo, los desahucios se anunciarán con anticipación en día y en horas concretas, probablemente para que los ocupantes se atrincheren contra el ejercicio del derecho que asiste a los propietarios.
Es como si alguien que es robado en plena calle tuviera que perseguir al ladrón para hacerle un test sobre por qué le ha robado y cuál es su situación económica para poder ir después a la comisaría con un documento firmado entre ambas partes y presentar la denuncia. Demencial.
¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de degradación del derecho y de la propiedad privada? En mi opinión, es un paso adelante de un proceso de adormecimiento y desmovilización de la sociedad que cumple con sus derechos y que poco a poco está perdiendo sus libertades. Ya se inició durante el confinamiento en la pandemia, donde la sociedad asistió sumisa a la pérdida ilegal de sus derechos de movilidad, continuó posteriormente con medidas que prohibían despedir durante la pandemia e incluso prohibían el concurso de acreedores a las empresas en dificultades económicas. La sociedad española ha asistido de forma pasiva al progresivo deterioro de sus libertades. Este es un paso más de intromisión ilegítima del Estado en la propiedad privada y en la libertad de empresa. Muchos españoles piensan que no les afecta, pero en los futuros pasos que este proceso liberticida pueda realizar, con seguridad acabarán siendo afectados por otras medidas.
En definitiva, esta ley es un reclamo electoral sobre una base muy grande de potenciales votantes, que persigue obtener votos sobre la base de dicha frustración, pero que en ningún caso conseguirá el control de los alquileres, sino todo lo contrario. Provocará una menor oferta, el deterioro físico de los activos que acaben incluidos en zonas tensionadas y, a la larga, la creación de guetos de miseria.
Asistimos, perplejos, a la imposición de una serie de medidas que evidentemente perjudicarán a todos los españoles. Que solo benefician al Gobierno y que deterioran nuestra calidad democrática y nuestras libertades.