Andalucía tiene un sello propio en vivienda
Rocío Díaz Jiménez
Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda
El acceso a la vivienda ocupa portadas en periódicos e informativos. Encontrar una vivienda digna, a precio asequible, está siendo imposible para miles de ciudadanos, especialmente los jóvenes, que ya han mostrado su indignación en la calle.
El precio de los pisos y de los alquileres se ha disparado, principalmente por la escasez de oferta. Se intuye ya un problema estructural que afecta no sólo a España, sino a gran parte de Europa.
Todos los especialistas del sector coinciden en el diagnóstico: Existe un enorme desequilibrio en nuestro país entre la oferta y la demanda, una brecha que comenzó a agigantarse con el frenazo de la construcción desde la crisis de 2008 y que en lo que va de década se ha acrecentado con los saldos migratorios y la rigidez para la concesión de suelo residencial. En Andalucía, el déficit de viviendas ronda las 90.000 unidades y en el conjunto del país la cifra se sitúa en el medio millón.
El Gobierno de España, que no ha dejado de realizar promesas de construcción de cientos de miles de viviendas, no ha entregado ni una sola hasta la fecha. Las miles de viviendas públicas que anunció se han revelado como una burbuja electoral. Y, lejos de contribuir a solventar el problema, la Ley de Vivienda estatal, gestada a espaldas a las comunidades autónomas y negociada con los socios más radicales de Pedro Sánchez, sólo ha empeorado aún más las cosas.
Se anunció esta Ley como una solución progresista para el problema de la vivienda, una normativa que marcaría un «antes y un después» en el sector inmobiliario de nuestro país pero, un año y medio después de su entrada en vigor, el precio de la vivienda continúa su escalada y el alquiler marca registros prohibitivos mes tras mes. Y no ya sólo para las familias con menos recursos, sino también para el bolsillo de las clases medias de este país.
El afán intervencionista de la Ley estatal ha sido determinante en la progresiva desarticulación del mercado del alquiler en España. Sus efectos han sido justamente los contrarios a los pretendidos, disparando el precio de la vivienda y de los alquileres, hundiendo la oferta y provocando la fuga masiva de propietarios a otras modalidades de alquiler fruto de la inseguridad jurídica que ha creado esta normativa.
Desgraciadamente, Andalucía no está al margen de esta escalada del precio de los alquileres y al encarecimiento de la vivienda a nivel nacional. Nuestra comunidad también se ha visto arrastrada por los efectos de la Ley estatal de Vivienda y por los desequilibrios entre una escasa oferta y una potente demanda.
Los poderes públicos, cada uno en el ámbito de nuestras competencias, estamos obligados a movilizar todos los recursos a nuestro alcance para atajar este problema cuanto antes. De lo contrario, estaremos comprometiendo el bienestar de muchas familias y el futuro de nuestra juventud. No vale con repetirles una y otra vez a los ciudadanos que tiene derecho a una vivienda digna sin poner nunca los medios para suministrarla.
Por eso, el Gobierno de Andalucía apostó desde un principio por remover todos los obstáculos necesarios. Primero, creando el marco normativo necesario para eliminar trabas y aportar mayor seguridad jurídica y, más tarde, poniendo el foco en el estímulo de la oferta e incentivar la construcción de vivienda asequible.
Somos conscientes de que el sector público no puede por sí solo dinamizar el mercado de la vivienda por la vía de la intervención directa. Sin un sector privado fuerte, es imposible cubrir las necesidades de la población. De ahí que, desde 2019 llevamos apostando por facilitar y allanar, con ayudas y subvenciones, el camino a los promotores públicos y privados para que construyan y amplíen la oferta de vivienda a precio asequible. El resultado ha sido que de 2019 a 2023 se ha certificado en Andalucía 10.258 viviendas protegidas, el triple de las que se iniciaron de 2014 a 2018.
Tenemos por delante el apasionante reto de aprobar en esta legislatura una nueva Ley de Vivienda en Andalucía, la primera que se impulsa en España tras la fallida Ley nacional. Una ley con sello andaluz que va a reparar los daños de la normativa estatal y que fijará como prioridad la agilización de los trámites urbanísticos para la puesta a disposición de suelos, la creación de áreas prioritarias de vivienda en zonas de difícil acceso y un plan de choque para la construcción de 20.000 viviendas protegidas.
Espero que Andalucía Inmobiliaria, publicación que celebra sus bodas de plata y que se ha erigido a lo largo de toda su trayectoria en referente del sector inmobiliario y de la construcción, pueda hacerse eco de la aprobación de esta Ley trabajada desde el diálogo y el consenso con todas las partes.