El Gobierno central hace política de vivienda desde una premisa totalmente errónea
Sol Cruz Guzmán
Diputada Nacional por Sevilla en el Congreso de los Diputados
Sol Cruz-Guzmán representa muy bien el espíritu emprendedor propio de Andalucía. Tras vivir sus primeros años como profesional del sector de la Arquitectura, irrumpe en la escena política con la energía de quien no se resigna, dando el salto al sector público convencida de que las cosas pueden y deben ir mejor. Ese espíritu le ha acompañado siempre, tanto en su paso por la Delegación Territorial de Fomento y Cultura de la Junta de Andalucía como en sus responsabilidades dentro del Partido Popular.
A su carácter inquieto y su vitalidad se suma la entrega por su trabajo, centrado actualmente en representar a Sevilla en el Congreso de los Diputados, y que no entiende como un trámite, sino como una oportunidad urgente por cambiar la realidad de una sociedad que quiere que sus políticos no les den promesas vacías, sino resultados. Y con ese entusiasmo ha sabido llevar a buen puerto muchas de las propuestas que ha trasladado con voz propia hasta Madrid y que han mejorado las condiciones de muchos ciudadanos de la provincia hispalense. Porque para ella, con voluntad e interés se puede conseguir que las cosas sucedan y queda mucho trabajo por delante, especialmente en materia de vivienda e infraestructuras.
Su trayectoria profesional comienza en el mundo de la Arquitectura y después da el salto a la política. ¿Qué experiencias personales o profesionales fueron determinantes para dar ese paso?
Fue una decisión profundamente marcada por el momento tan difícil que atravesaba entonces nuestro sector. Los arquitectos de mi promoción, con menos de una década de experiencia, nos vimos arrastrados por una crisis económica especialmente severa, fruto de múltiples factores financieros e inmobiliarios que desestabilizaron por completo nuestro ámbito de trabajo.
Recuerdo cómo muchos compañeros se vieron obligados a cerrar sus estudios, dejando atrás proyectos y años de dedicación. En mi caso, también viví ese impacto muy de cerca, en nuestro propio estudio, donde tuvimos que tomar decisiones muy difíciles para poder salir adelante. Fue una etapa de gran incertidumbre, que nos obligó a replantearnos muchas cosas.
Hubo un momento especialmente revelador, al ver determinadas medidas públicas que, desde mi punto de vista, no respondían a las necesidades reales del país ni del sector, en especial el Plan 5.000 de Zapatero, donde, en un momento crítico para el sector, se desaprovechó una gran oportunidad para reactivarlo y transformarlo, destinando los recursos públicos con poco acierto, dirigiéndolo a iniciativas de escasa utilidad. Aquello supuso un punto de inflexión personal. A partir de ahí, un día tomé la decisión de implicarme más activamente en el ámbito público, y fui a afiliarme a un partido como forma de expresar mi compromiso y mi desacuerdo con ciertas políticas. Fue una decisión impulsada por la convicción de que era necesario contribuir, aunque fuera modestamente, a un cambio de rumbo y eso es lo que intento desde entonces en el Partido Popular.
En el año 2019 llega al Congreso de los Diputados. ¿Cuáles son sus prioridades y cómo ha aprovechado allí su experiencia en la Administración andaluza?
El trabajo en el Congreso tiene una doble vertiente que lo hace especialmente enriquecedor. Por un lado, está la labor sectorial, que en mi caso se dedica a Vivienda y Cultura, muy en línea con la experiencia previa que ya tenía en Andalucía en Cultura y Fomento, como delegada Territorial de la Junta, manteniendo así una trayectoria bastante coherente y continuista. Y al mismo tiempo, existe otra vertiente más ligada a la provincia, estar en contacto En materia de infraestructuras en Sevilla, lo que estamos viendo es que muchos de los grandes proyectos se repiten año tras año en el debate público, pero avanzan a un ritmo muy lento, prácticamente simbólico. Hablamos de actuaciones clave como las que has mencionado, a las que añadiría otras como la ampliación del puerto o la conexión entre el aeropuerto de San Pablo y Santa Justa, entre otras, que siguen sin dar ese impulso permanente con la realidad de los 107 municipios de Sevilla, conocer de primera mano sus necesidades en materia de infraestructuras, transporte, seguridad o servicios públicos que dependen de competencias estatales. Es una combinación entre una visión sectorial a nivel nacional y una visión muy pegada al territorio. Para mí, lo más gratificante es precisamente esa cercanía, el poder trasladar problemas concretos y contribuir a que se actúe sobre ellos.
¿Qué tipos de acciones concretas se pueden llevar a cabo desde esa posición?
Por ejemplo, recientemente, ante la situación de deterioro de la estación de Utrera, impulsamos iniciativas de control y formulamos preguntas dirigidas al secretario de Infraestructura de Renfe, y ya se están llevando a cabo actuaciones de mejora. Son pequeñas acciones que, en ocasiones, permiten activar soluciones y dar respuesta a demandas reales. Además, cuando hay presupuestos en vigor, el seguimiento de su ejecución y de cómo se distribuyen territorialmente también forma parte de esta labor, y resulta especialmente interesante porque permite evaluar el impacto real de las políticas públicas sobre el territorio y sus ciudadanos.
Hay proyectos estratégicos para Sevilla, como la SE-40 o la ampliación del metro, que acumulan años de retraso. ¿Qué factores están bloqueando su avance y dónde está la clave para poder hacer avanzar decididamente estas infraestructuras?
En materia de infraestructuras en Sevilla, lo que estamos viendo es que muchos de los grandes proyectos se repiten año tras año en el debate público, pero avanzan a un ritmo muy lento, prácticamente simbólico. Hablamos de actuaciones clave como las que has mencionado, a las que añadiría otras como la ampliación del puerto o la conexión entre el aeropuerto de San Pablo y Santa Justa, entre otras, que siguen sin dar ese impulso definitivo que la ciudad necesita. El problema de fondo es la falta de una apuesta real y sostenida. Por ejemplo, en el caso de la conexión ferroviaria con el aeropuerto, llevamos cerca de ocho años hablando de estudios de viabilidad sin que se haya materializado una solución concreta, haciendo de Sevilla una de las pocas grandes ciudades europeas que aún no cuenta con esta conexión, a pesar de las recomendaciones y plazos marcados por la UE.
A esto se suma una cuestión clave: sin presupuestos, muchos de estos estudios se quedan en papel mojado. No basta con anunciar o analizar proyectos si no existe una dotación económica que permita ejecutarlos. Además, en algunos casos da la sensación de que se trata de iniciativas más vinculadas a momentos puntuales que a una verdadera planificación a largo plazo. La realidad es que, más allá de actuaciones muy concretas que ya estaban comprometidas -como puede ser el metro- la provincia de Sevilla arrastra un déficit importante en inversión en infraestructuras. Esto se traduce en proyectos paralizados, plazos que se alargan indefinidamente y una sensación de estancamiento que contrasta con el potencial de la ciudad. Por eso, más que nuevos anuncios, lo que se necesita es continuidad, planificación y financiación real para que estas infraestructuras dejen de ser promesas y pasen a convertirse en realidades.
El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas en España y, sin embargo, no se ha logrado un gran Pacto de Estado. ¿Qué cree que está fallando?
Creo que en lo único que coincidimos todos es que la vivienda es el principal problema hoy en día para los españoles, tal y como reflejan de forma recurrente las encuestas que vemos publicadas. Pero más allá de esto, hay que saber darle una solución. El hecho es que tanto los informes del Banco de España como los que realizan las diferentes instituciones nacionales apuntan a un déficit muy significativo en el parque de vivienda, que podría situarse entre las 700.000 y las 900.000 unidades dentro de tres años.
Si el Gobierno central no parte de esta base, y contempla que necesariamente debe haber un incremento sustancial de la oferta, estará haciendo política desde una premisa totalmente errónea. Desde el Partido Popular estamos impulsando un plan de ámbito nacional para construir un millón de viviendas, que es, en esencia, lo que se necesita. Las empresas españolas ya han sido capaces de afrontar retos de esta magnitud en el pasado. Somos conscientes de que es necesario avanzar en medidas legislativas clave, como la Ley del Suelo, la Ley de Antiokupación o la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, para las que hemos conseguido pasar el primer trámite de toma en consideración con la mayoría de la Cámara, un primer respaldo parlamentario que permite iniciar oficialmente la tramitación legislativa y nos da la oportunidad de debatir iniciativas que resultan fundamentales para agilizar procesos y reducir la burocracia, aunque aún queda camino por recorrer para que sigan avanzando.
Por tanto, la idea es ir de la mano del sector privado, que es clave también para lograr solucionar el problema de la vivienda.
Por supuesto, es imprescindible reforzar la colaboración público- privada, no solo en la fase de licitación o desarrollo de promociones concretas, sino también en la definición de soluciones estructurales al problema de la vivienda.Hay importantes desafíos que deben abordarse de forma paralela. Existe un problema significativo en el ámbito energético, especialmente en lo relativo a infraestructuras, hasta el punto de que actualmente hay promociones que no disponen de servicio energético. Asimismo, el sector enfrenta una grave escasez de mano de obra, ya que existe una falta evidente de profesionales dispuestos a trabajar en la construcción.
En este contexto, resulta fundamental consolidar e impulsar el tejido empresarial del sector, no solo con el objetivo de promover vivienda pública —que representa una pequeña parcela dentro del conjunto necesario para alcanzar el millón de viviendas—, sino porque son precisamente las empresas las que van a materializar esa construcción. Por tanto, es clave ayudar a que los proyectos sean viables económicamente. En este sentido, la administración pública puede desempeñar un papel decisivo, especialmente mediante la agilización de trámites y la reducción de los tiempos. Todo lo que se avance en acortar plazos administrativos contribuirá directamente a facilitar la construcción de viviendas, ya que los retrasos implican mayores costes y dificultan la ejecución de las promociones. El modelo de acceso a la vivienda que conocíamos en el pasado resulta hoy difícil de sostener, y para los jóvenes la compra de una vivienda es, en muchos casos, prácticamente inviable. No obstante, desde una perspectiva de mercado, un incremento significativo de la oferta —como supondría la incorporación de un millón de viviendas— tendría previsiblemente un efecto a la baja en los precios.
¿Y qué ha ocurrido con el alquiler, que podría ser una de las soluciones a este problema?
El tema del alquiler merecería un análisis aparte. Este gobierno no ha construido viviendas sino que ha destruido viviendas como si hubiera pasado un tsunami por el mercado inmobiliario español porque se han retirado, según los propios datos oficiales, más de 150.000 viviendas del mercado por la inseguridad que han creado entre los propietarios, que han dejado así de poner sus viviendas en alquiler. Solo hay que ver el caso de Cataluña, única comunidad autónoma donde se ha aplicado la limitación de precios y donde más viviendas se han retirado, lo que demuestra que esta Ley no funciona. Pero este Gobierno solo se dedica a buscar culpables en lugar de dar soluciones.
Cómo arquitecta, ¿en qué dirección cree que debería avanzar el sector constructor, en cuanto a materiales, formatos y uso de nuevas tecnologías?
Creo que el sector necesita dar un salto decidido hacia adelante. Llevamos muchos años construyendo bajo esquemas bastante continuistas y, aunque han funcionado, el contexto actual exige una evolución más ambiciosa. Personalmente, valoro mucho los materiales tradicionales, como la cal, la cerámica o el ladrillo, que han demostrado durante siglos su eficacia, especialmente en climas como el nuestro. La arquitectura y la vivienda sevillana siguen siendo referentes de confort, adaptación al entorno y calidad constructiva. Hay una sabiduría acumulada en esa tradición que no deberíamos perder. Ahora bien, eso no es incompatible con la necesidad de innovar. Es imprescindible incorporar nuevas tecnologías al sector. Y no es un reto exclusivo de España, sino a nivel global. En muchos casos, los avances que se han intentado introducir no han alcanzado los niveles de confort o habitabilidad esperados, o no se han implementado de forma eficaz. Ahí es donde creo que tenemos margen de mejora.
También considero necesario revisar en profundidad el marco normativo, especialmente el Código Técnico de la Edificación. Es un tema que aparece de forma recurrente en los debates del sector. En ocasiones, soluciones tradicionales ofrecen mejores resultados que algunas exigencias actuales, además de evitar el encarecimiento de los proyectos.
Por otro lado, la regulación suele ir por detrás de la realidad del sector. Nuevas formas de habitar, nuevos modelos residenciales o lo que se denomina “nuevos living” avanzan más rápido que la normativa, lo que genera incertidumbre sobre cómo abordarlos desde el punto de vista legal y técnico.
En cuanto a la inteligencia artificial, su impacto será cada vez mayor. Puede convertirse en una herramienta muy potente para optimizar diseños, mejorar la eficiencia de los procesos y tomar decisiones más informadas. Pero, en cualquier caso, deberá integrarse como un complemento al criterio profesional, no como un sustituto.