Gestionar la incertidumbre
Javier González de Lara
Presidente de CEA
El reto es mayúsculo, -inédito, para ser más exactos-, y precisa de un paréntesis para la reflexión como este que nos procura Andalucía Inmobiliaria en sus páginas. Me refiero al desafío de gestionar la incertidumbre en un otoño que, dando un nuevo giro de guion, nos aguarda tras la pandemia con otra crisis y una guerra como telón de fondo.
En una visión panorámica de nuestro contexto es la rebaja fiscal en nuestra Comunidad la primera cuestión a abordar Desde la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) hemos sido claros y favorables a tal medida; es más: los empresarios sentimos que nuestra voz es escuchada y que nuestro sentir es justamente tenido en consideración. La supresión de impuestos beneficia a las personas físicas y a las empresas. Y ese impacto positivo se hace así extensivo a todo el territorio. Es Andalucía la que puede celebrar su nueva capacidad para competir con otros territorios. En esta senda, nuestra Comunidad es más atractiva para la inversión. Y el Gobierno andaluz no está haciendo más que blandir su capacidad tributaria y fiscal, su autonomía y su régimen competencial, para atraer nuevos patrimonios o recuperar los que se marcharon.
En el caso concreto del Impuesto de Patrimonio, -retrógrado e inexistente en toda la Unión, pues sólo lo contemplan en Europa dos países que no forman parte de la UE, Suiza y Noruega-, estamos ante un instrumento que no ayuda precisamente a una distribución equitativa de la riqueza. Es, a nuestro juicio, un impuesto confiscatorio y decimonónico; una sensación semejante a la que nos despierta el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Es esta cuestión la que ha puesto a Andalucía en el eje de la agenda política española en el estreno del curso. Un nuevo paso delante de nuestra tierra, -tras las cifras récord de número de autónomos y exportaciones de meses atrás-, que se reposiciona en el tablero nacional. Y no para usurpar nada a nadie, sino para superarse a sí misma como Comunidad y ponerse en valor frente a otros territorios.
HACIA UNA REVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Tanto las rebajas autonómicas en la fiscalidad como la simplificación administrativa son claves que ya contemplaba el documento de Propuestas Empresariales de CEA a los partidos políticos ante la presente legislatura. Por ello, nos enorgullece que las ideas publicadas en mayo, compendio de lo que preocupa a los empresarios andaluces, se vayan cristalizando en decisiones legislativas.
Para nosotros, esta es la demostración empírica de que cada vez es mayor la conciencia, tanto desde la ciudadanía como desde la Administración pública, de que la empresa es parte de la solución a los problemas sociales y económicos. Ayudar a la empresa y a las iniciativas emprendedoras repercute en la generación de empleo y en el bienestar de las familias. Así puede seguir sucediendo si, además de avanzar en la reducción de trabas fiscales, Andalucía ahonda en la simplificación administrativa y en la reducción de trámites burocráticos.
La gran reforma pendiente de España es la modernización de la Administración pública. No es la primera vez que escribo que urge adelgazar la burocracia, que no es más que “el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil”. La hipertrofia actual estrangula las vocaciones empresariales. Su efecto en la lenta gestión de los fondos europeos es especialmente grave. Sencillamente, la que anhelamos desde este otoño es una revolución de la Administración.
De esta manera, una fiscalidad benigna y una reducción valiente de la normativa, que aliente la creación y el establecimiento de empresas en Andalucía, pueden contribuir una mejor gestión de esta incertidumbre en torno a los efectos en los ciudadanos y en los hogares de la guerra en Ucrania, el encarecimiento de los costes de la energía y las materias primas.
UN DIÁLOGO SOCIAL INCESANTE
Por nuestra parte, seguiremos trabajando desde CEA en el marco del Diálogo Social, plenamente convencidos de que es la principal infraestructura de un territorio; la garantía de la paz social. En ocasiones, podrán ser lanzados, con una actitud irresponsable, mensajes que intenten manchar el buen desarrollo de las conversaciones entre los agentes sociales y la Administración. Pero este otoño, como siempre, las cifras son incontestables. Por ejemplo, la negociación colectiva sigue avanzando, a pesar de la coyuntura extraordinariamente compleja: los convenios firmados o actualizados en Andalucía rondan los 570; un 7% más que el año pasado. Son 750.000 los trabajadores amparados con convenidos vigentes, un 28,25%. No existe, como se pone en evidencia, estrategia alguna de paralización del Diálogo Social. Más bien todo lo contrario, con responsabilidad y altura de miras.
Mi agradecimiento personal mi estimada Rosa Hafner, por la libertad con la que siempre acudo a esta cita con los lectores de Ai, que en su XXIII aniversario nos sigue regalando esta ventana a un sector imprescindible de la Economía andaluza.