La energía, clave en la recuperación

La reconstrucción europea en la era post-Covid tendrá en la energía uno de sus pilares básicos, con el sector de las renovables llamado a ser un actor clave en la recuperación económica. Los estímulos monetarios por los que el Banco Central Europeo apuesta para impulsar el crecimiento en el actual escenario de incertidumbre, complementados con las políticas fiscales a nivel nacional y europeo, se centran en buena medida en la transición energética del territorio comunitario: que sean las energías renovables las que muevan el mundo tras la pandemia.

Tanto en España como en el resto de los países del viejo continente cada vez más expertos apuestan por la energía verde y los programas nacionales de descarbonización como uno de los protagonistas en los planes de reconstrucción, de tal forma que gobiernos y empresas trabajen conjuntamente para afrontar la crisis climática y económica.

De esta manera, la transición energética puede impulsar un amplio desarrollo socioeconómico, al tiempo que allana el camino para alcanzar los objetivos frente al aumento global de la temperatura del planeta.
Según IRENA (siglas en inglés de la Agencia Internacional de Energías Renovables), las energías limpias son una apuesta segura, dado que posibilitan empleos de calidad, crecimiento económico, mejora del bienestar de las personas y mejores condiciones de vida, más limpias y seguras. Las previsiones apuntan a que el sector de las renovables alcanzará los 42 millones de empleos a nivel mundial hasta 2050, cuatro veces más que hoy en día.

Para poder dar cumplimiento a las exigencias de emisiones cero de CO2 para el año 2050, la estrategia comunitaria, el Pacto Verde firmado a finales de 2019, se centra en una serie de ejes en los que habrá que incidir durante el proceso de recuperación económica:

  • Invertir en tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
  • Apoyar a la industria para que innove.
  • Desplegar sistemas de transporte público y privado más limpios, más baratos y más sanos.
  • Descarbonizar el sector de la energía.
  • Garantizar que los edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético.
  • Colaborar con socios internacionales para mejorar las normas medioambientales mundiales.

El presupuesto a largo plazo de la UE, junto a la iniciativa NextGenerationEu, un instrumento termporal concebido para impulsar la recuperación dotado de 750.000 millones de euros, será el mayor paquete de estímulo de la historia financiado a través del presupuesto de la Unión. Un total de 1,8 billones de euros que ayudarán a reconstruir la Europa post-Covid, donde la lucha contra el cambio climático, con el 30% de los fondos, copará el mayor porcentaje de la historia del presupuesto europeo. Como reza el lema de dichos presupuestos, este paquete multimillonario persigue ayudar a construir una Europa “más ecológica, más digital y más resiliente”.

El el caso de España, de los 750.000 millones aprobados para el NextGenerationEu, le corresponderán 140.000 millones, casi 73.000 de los cuales serán ayudas directas, que pivotarán en torno a tres ejes principales: digitalización, transición ecológica y cohesión social y territorial.

Del presupuesto para nuestro país, el 30% estará dirigido a actuaciones que contribuyan a la lucha contra el cambio climático, y en este sentido, las renovables son las grandes protagonistas. Estos presupuestos pueden ser, de alguna manera, un mecanismo impulsor del sector tecnológico, de muy escaso peso hoy por hoy en la economía española. Si hay un ganador en esta crisis mundial, precisamente ha sido el sector tecnológico, y este no es, desgraciadamente, una fortaleza del tejido productivo español.

Según el Instituto Nacional de Estadística, numerosas provincias españolas rebasan las 3.000 horas de sol al año, entre ellas la mayoría de las andaluzas, con Huelva a la cabeza de las ciudades con 3.120 horas.

En España, las fuentes renovables tienen todo de su parte para situarse a la cabeza en generación de energía, beneficiadas por un paisaje y un clima muy favorables para su desarrollo, en particular las energías solar y eólica. El liderazgo de España podría representar una muy importante fuente de empleo para el país.

Pacto Europeo por el Clima

Como parte del Pacto Verde, el pasado 9 de diciembre, la Unión Europea lanzaba el Pacto Europeo por el Clima, un plan destinado a que personas, comunidades y organizaciones participen en la acción climática y, juntos, den forma a una Europa más verde.

Dicho pacto persigue fomentar un amplio compromiso social en materia de clima y medio ambiente, a través de una serie de actividades. Utilizando múltiples canales e instrumentos, tratará de sensibilizar a los ciudadanos sobre el cambio climático y hará que se comprenda mejor ese fenómeno por medio de datos científicos fiables; alentará a individuos y grupos para que participen y fomentará comportamientos sostenibles.

El Pacto alentará a ciudadanos y organizaciones a que se comprometan a aplicar medidas concretas que estén diseñadas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero o para adaptarse a los efectos inevitables del cambio climático.

A priori, estas medidas y acciones en las que la Comisión Europea prestará apoyo estarán relacionadas con las siguientes actividades y ámbitos:

  • Construcción, fomentando los servicios de asesoramiento, facilitando la financiación inteligente y asistiendo a las autoridades locales para lograr la eficiencia energética de las viviendas.
  • Movilidad, apoyando a las ciudades y municipios con conocimientos, actividades de sensibilización y, posiblemente, ayudas específicas para financiar planes de movilidad urbana sostenible.
  • Plantación de árboles, regeneración de la naturaleza y creación de zonas verdes urbanas.

España

En el caso de España, el proyecto de Ley de cambio climático y transicón energética presentado por el Gobierno central, se ha fijado como objetivo la descarbonización total de la economía nacional en el año 2050, tras la declaración de emergencia climática y ambiental a nivel mundial.

En el mismo, se establecen una serie de objetivos para 2030:

a) Reducir en esa fecha límite las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 20% respecto del año 1990.
b) Alcanzar en dicho año una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 35%.
c) Alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 70% de generación a partir de energías de origen renovable.
d) Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%, con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.

A partir de aquí, la meta es que, a lo sumo en el año 2050, España haya alcanzado la neutralidad climática y el sistema eléctrico esté basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable.

En este marco, la eficiencia energética en la edificación y la movilidad eléctrica están llamadas también a ocupar capítulos importantes en el proceso de descarbonización y reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.

Los edificios, tanto residenciales como del sector terciario, son uno de los elementos que contribuyen en mayor medida al calentamiento del planeta y a su contaminación, siendo responsables del 40% del consumo de energía final y de más de un 30% de las emisiones de CO2.

Según se desprende de un encuentro reciente organizado por Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) y SIRA (Spanish International Realty Alliance), la jornada Greenmociónate, España cuenta con un parque inmobiliario muy envejecido, con edificios construidos en su mayoría antes de la obligación de aislar térmicamente las viviendas.

Los ciudadanos no son lo suficientemente conscientes de las carencias energéticas de sus viviendas, pero según los expertos, más de 1,2 millones de inmuebles habrán de rehabilitarse antes de 2030 y hasta siete millones tendrán que ser renovados antes de 2050 para cumplir con las exigencias europeas.

En lo que respecta a la certificación energética, con escasa y desigual implantación aún en España, todavía hay un amplio margen de mejora, toda vez que 21 millones de viviendas no tienen aún evaluación energética, y entre las que sí cuentan con la misma, más de la mitad, concretamente el 51%, corresponde a la categoría E, y el 85% a la E, F o G, según se informa en el marco de esta jornada.

Estas cifras son muy significativas, ya que si bien las viviendas de nueva construcción sí cuentan con unas soluciones cuando menos aceptables de eficiencia energética (placas fotovoltaicas, ventanas con doble acristalamiento, rotura de puente térmico, soleamiento y sombreamiento natural, diseño que favorece la circulación del aire, etc.), el parque existente no está en su mayoría dotado de unas mínimas medidas de eficiencia.

De esta manera, la rehabilitación edificatoria, impulsada desde las administraciones, podría jugar un papel muy importante en el proceso de reconstrucción económica. Según la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética del Sector de la Edificación en España (ERESEE 2020), remitida por el Gobierno a la Comisión Europea, se estima que únicamente con la intervención en la envolvente térmica de los 1,2 millones de inmuebles que deberán rehabiltarse antes de 2030 y en las instalaciones térmicas de 3,85 millones, se movilizaría una inversión de más de 27.000 millones de euros entre 2021 y 2030 y se generarían una media de 51.200 empleos anuales, que además no corren peligro de deslocalización como otras actividades.

En cuanto a la movilidad sostenible, es otra de las grandes apuestas contra el cambio climático y gira en torno a dos ejes básicos: el impulso del vehículo eléctrico y de los transportes públicos eficientes, de tal forma que se consigan entornos urbanos más sanos y habitables. La pandemia ha venido a demostrar la relación directa entre el tráfico motorizado y la contaminación atmosférica, al disminuir esta de forma determinante en muchas ciudades durante el confinamiento. La experiencia vivida debe servir para replantearse nuevas soluciones de movilidad urbana más sostenibles y en consonancia con los planes territoriales, nacionales y europeos de mejora medioambiental.

La instalación de puntos de recarga para el vehículo eléctrico, la apuesta por la bicicleta para trayectos cortos, un buen uso de la tecnología para gestionar la movilidad y una mejor comunicación a la población sobre las opciones disponibles en cuanto a transporte público, impulsados por energías renovables, pueden ayudar a fomentar un uso racional de los vehículos a motor y, consecuentemente, a reducir la contaminación ambiental y acústica.

Andalucía

En Andalucía, los retos relacionados con la lucha contra el cambio climático son liderados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que a su vez creó el pasado mes de octubre la figura del Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético de la Junta, en la figura de Juan Manuel Muñoz.

Recientemente, manifestaba Muñoz que “la transición energética tendrá una gran repercusión económica y social, que se traducirá en puestos de trabajo y nuevo estímulo a la economía”, y aseguraba que la voluntad del Gobireno andaluz es la de colaborar con todos los sectores implicados para que Andalucía, primera comunidad por potencia instalada fotovoltaica y tercera en renovables, sea un referente europeo e internacional en este proceso de transición energética. En suma, la comunidad andaluza está llamada a jugar un papel relevante en este cambio de modelo energético que se avecina y a liderar los más importantes proyectos en el sector.

Andalucía, como se decía, es la tercera comunidad con más potencia eléctrica renovable. Tras la paralización experimentada en el periodo 2013-2018, en el último año y medio se han puesto en marcha, según fuentes de la Junta, un total de 1.340 nuevos megavatios (MW), lo que supone un incremento de la potencia eléctrica renovable del 22%, y movilizado 200 millones de euros en inversiones de ahorro energético.

En materia normativa, el Gobierno andaulz iniciaba el pasado noviembre la tramitación del Anteproyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía y la tramitación del Decreto por el que se aprueba el Pacto Andaluz de Acción por el Clima.

En este marco, las cuentas andaluzas de 2021 están alineadas con las recomendaciones de la OCDE y de la UE, con el propósito de incorporar la perspectiva ecológica en el diseño y evaluación de las políticas públicas y cumplir los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo.

Por otra parte, el urbanismo tampoco queda al margen. La Junta de Andalucía informaba recientemente de la aprobación de una herramienta que facilitará la inclusión de los criterios de cambio climático en el planeamiento urbanístico. Se trata de una guía elaborada por la Consejería de Agricultura, que establece dichos criterios, de gran utilidad tanto para sus promotores como para los encargados de hacer la Evaluación ambiental estratégica de los planes, requisito previo para su aprobación.

“El urbanismo y la ordenación del territorio están identificados como una de las áreas estratégicas más afectadas por la acción del cambio climático, por lo que los planes urbanísticos deben contemplar la mitigación del mismo para que el nuevo planeamiento no suponga un aumento de emisiones o que, en su caso, ayude a disminuirlas”, se apuntaba recientemente desde la Consejería.

Básicamente, esta guía lleva a considerar cómo urbanizar y edificar teniendo en cuenta amenazas climáticas como las olas de calor, la subida del nivel del mar o de los ríos, o el riesgo de inundaciones por episodios de lluvia cada vez más distanciados en el tiempo pero de mayor intensidad.

En cuanto a la mitigación de emisiones, incluye directrices para la identificación de fuentes de emisión y para la elaboración de un inventario de gases de efecto invernadero, evaluándose así la huella de carbono de los municipios andaluces.

En definitiva, España, con una contribución muy importante de Andalucía, tiene en sus manos la oportunidad de, aprovechando el impulso económico de Europa, cumplir con sus compromisos de transición energética y descarbonización, al tiempo que fomenta la creación de riqueza y empleo a través de sectores con gran presencia de la innovación y la tecnología.

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