La Ley de Vivienda aumentará el suelo a precio asequible y la VPO con un equilibro entre oferta en propiedad y alquiler.

Juanma Moreno

Presidente de la Junta de Andalucía

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¿Qué balance hace de lo que llevamos de legislatura en su primer gobierno con mayoría absoluta?

En general, el balance que hacemos es bastante positivo. Hemos logrado avanzar notablemente en muchos ámbitos, pero nos quedan otras muchas cosas por hacer. La mayoría tiene una doble perspectiva: por un lado, te permite acelerar los plazos y no estar enredado, como lo está el propio Gobierno de España, u otros parlamentos, sin poder sacar adelante distintas leyes, y sin poder encontrar una estabilidad clara y notoria. Pero también es verdad que significa una enorme responsabilidad mantener esa mayoría social de respaldo a este proyecto político que tengo el honor de representar.

La financiación autonómica se ha convertido en un asunto prioritario y el acuerdo en Cataluña ha venido a avivar la polémica sobre las desigualdades territoriales, ¿cómo ve la situación y el impacto en Andalucía? ¿Es posible un acuerdo?

El acuerdo de Pedro Sánchez con los independentistas es un disparate colosal. Además de un misil directo al núcleo mismo de los valores más sagrados que tiene nuestro proyecto común que es España, que son la igualdad y la solidaridad entre territorios. Consolidar privilegios a unos sobre otros rompe con todo eso, y no lo podemos aceptar. Andalucía va a dar la batalla, como lo hizo siempre, contra las desigualdades. Pero es que hablamos de algo muy sencillo: algo que nos afecta a todos, como la financiación, debemos resolverlo entre todos. Todas las comunidades deben estar sentadas en esa mesa. Con transparencia. Ahí es donde debe buscarse el acuerdo, no en negociaciones bilaterales a escondidas.

Si en una comunidad de vecinos hay un problema común, el presidente no decide nada a solas. Y aquí sí lo está haciendo. Si Cataluña sale del régimen común, el sistema tendría 32.000 millones de euros menos, con un impacto en Andalucía de en torno a 6.000 millones que mermaría nuestros servicios públicos.

Siempre se ha declarado partidario del diálogo y el acuerdo. Sin embargo, el nivel de confrontación y crispación no cesa, ¿cómo ve la situación política actual en este contexto?

Se echa de menos la altura política de antaño. El nivel ha bajado de manera muy apreciable. Hoy, una foto como la de los Pactos de la Moncloa (1977) parece imposible: Adolfo Suárez, Felipe González, Manuel Fraga, Calvo Sotelo, Santiago Carrillo… La realidad es que, en la actualidad, lo que sale desde la Moncloa es todo lo contrario al espíritu de concordia de aquel momento: censura y control de los medios, ataques a jueces, desprecio al adversario… Frente a todo eso, Andalucía se ha propuesto cultivar la moderación, la política tranquila. En ello nos esforzamos cada día. En política, las formas también importan. Mucho.

¿Qué balance hace de la aplicación en estos años de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA)?

La LISTA se ha convertido, en poco tiempo, en un revulsivo para muchos ayuntamientos, que ven una oportunidad real para un desarrollo al que se le había privado con una anterior normativa que era enrevesada. Esta ley y su reglamento han generado confianza y un clima de estabilidad, que es un valor fundamental de este Gobierno. Ya tenemos ayuntamientos que vuelven a pensar en tramitar sus planes generales, porque han encontrado en la Junta de Andalucía a un aliado y no a un enemigo o un obstaculizador. Prueba de ello son las más de cien mesas técnicas que se han activado y en la que les ayudamos en la redacción y aprobación de su planeamiento. Ciudades como Almería, Córdoba, Granada o Huelva se han sumado a estas mesas, pero también hay pueblos pequeños que van a poder agilizar la tramitación de sus planes para promover un desarrollo y crecimiento sostenible.

Entre los proyectos de futuro está la nueva Ley de Vivienda, ¿qué nos puede avanzar y qué objetivos se marca?

La futura Ley de Vivienda de Andalucía es uno de nuestros proyectos estrella y queremos llevar la norma al Consejo de Gobierno en el primer semestre de 2025, profundizando en ese camino que iniciamos hace unos años y que ha permitido triplicar la promoción de nuevas viviendas protegidas en Andalucía. Entre sus objetivos está generar suelo a precio asequible e incrementar la oferta poniendo a disposición subvenciones y creando áreas prioritarias en zonas de más dificultad de acceso, concentrando ayudas de la Administración. Queremos equilibrar la oferta en venta y alquiler, defendiendo el uso habitual y permanente de la vivienda. La ley va a nacer del diálogo y el consenso, e incorporará un plan de choque para poner en marcha 20.000 VPO nuevas en cinco años.

Los empresarios, en general, y los constructores y promotores se siguen quejando del lastre burocrático para impulsar sus proyectos. Hay inversiones que tardan muchísimo en salir adelante. Hasta ahora el Gobierno andaluz ha realizado una importante rebaja en esa carga administrativa, aunque queda aún mucho por hacer, ¿cuáles son los planes futuros de agilización y simplificación de trámites?

La simplificación administrativa es una de las grandes banderas de este Gobierno andaluz. Hablamos de hacer más sencilla la relación del ciudadano con la Administración, y seguimos trabajando en planes de robotización, de digitalización de procesos… En definitiva, de eliminar papeleo. Estamos muy satisfechos porque hay procedimientos que hemos logrado acortar sensiblemente. La Unidad Aceleradora de Proyectos, que están imitando otras comunidades, también está siendo clave para acelerar proyectos y que las inversiones sean una realidad cuanto antes. En la nueva Ley de Vivienda también habrá medidas excepcionales, con una vigencia temporal, para agilizar el acceso a la vivienda de familias y jóvenes. Por ejemplo, vamos a poner en carga de forma automática suelo ya urbanizado y edificios sin uso para la construcción de nuevas viviendas protegidas. Y haremos que los suelos de uso dotacional que no tengan asignado un uso específico o que estén destinadas a un uso genérico se puedan destinar, sin modificar ningún instrumento urbanístico, a la construcción de viviendas protegidas en alquiler permanente.

¿Cómo habría que afrontar la imparable deriva al alza de los precios de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler? Para mitigar el problema para acceder a una vivienda, ¿por qué políticas apuesta?

Andalucía tiene un modelo propio en política de vivienda para facilitar tanto la construcción como el acceso. Y, para ello, el Gobierno andaluz trabaja para quitar las cargas burocráticas. Dado que las políticas del Gobierno central no están siendo efectivas, con más razón creemos que la solución es, sin duda, la futura Ley de Vivienda de Andalucía que, con medidas como las que le he citado, va a tratar de reparar el daño causado por la ley estatal. Ante problemas reales hay que dar soluciones reales y, además, consensuadas.

Otro instrumento destacado en revisión actualmente es el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el actual ya ha quedado desfasado, ¿a qué aspira la nueva planificación?

Andalucía no es la misma de hace 25 años, de donde parte el diagnóstico del actual POTA. La ordenación del territorio de nuestra tierra no puede regirse por directrices del siglo pasado. Esa es la principal motivación de una revisión que era un clamor de los ayuntamientos y entidades, que demandaban ideas más claras y adaptadas a la realidad actual como ha hecho este Gobierno con la aprobación de la LISTA. Nos enfrentamos a muchos retos, pero uno de ellos es la de combatir la Andalucía vaciada y la despoblación. El nuevo POTA velará por una mayor igualdad y equilibrio entre los territorios y por ofrecer las mismas oportunidades, ya vivas en zonas urbanas o en zonas rurales.

¿Cómo ve al sector inmobiliario y residencial andaluz y cómo valora su aportación y papel para el desarrollo de Andalucía?

El sector inmobiliario y residencial es clave desde el punto de vista económico en Andalucía, pero también desde el punto de vista social. Un sector de gran pujanza y que ha demostrado siempre su interés en buscar soluciones al problema de la vivienda. El Gobierno andaluz siempre ha mantenido una escucha activa con el sector y ha contado con su opinión y con sus ideas, como ha hecho, por ejemplo, en la redacción del anteproyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía. Es nuestra forma de entender la política, desde el diálogo. El problema de la vivienda sólo se va a resolver gracias a un esfuerzo colectivo. Somos más fuertes cuando caminamos juntos y colaboramos todos, y no sólo hablo de administraciones, sino también de las instituciones privadas. Un ejemplo reciente lo tuvimos en Málaga, cuando asistí al acto de primera piedra de una iniciativa de colaboración público-privada que permitirá la construcción de 530 viviendas en alquiler a precio asequible y que, además, son energéticamente sostenibles. En esa línea de ciudades más habitables estamos trabajando y ése es el camino.

¿Cuál es la valoración que hace de la política del Gobierno de España en materia de vivienda y suelo?

No puede ser otra cosa que negativa, porque nos hemos encontrado con muchas dificultades. Hablamos de una Ley de Vivienda del Gobierno de España que no sólo no ha ayudado, sino que ha generado más tensiones en el sector. Un año después de su aprobación, lo único que ha conseguido es que suban los precios y que ahora sea mucho más difícil acceder a la vivienda, porque ha generado una inseguridad jurídica y una incertidumbre a los propietarios que a lo que ha llevado es a reducir la oferta.

El fenómeno y crecimiento de los alojamientos turísticos se está convirtiendo en un problema en algunas ciudades andaluzas, donde el fin residencial de las viviendas se está reduciendo vertiginosamente, ¿cómo ve su situación y su futuro, es necesario ponerle freno? ¿cómo valora el establecimiento de una tasa turística?

Andalucía es la primera comunidad autónoma que ha regulado las viviendas turísticas, porque hay que conciliar esta actividad con la vida cotidiana de los ciudadanos, pero también dar seguridad jurídica a los emprendedores y garantías de calidad a los usuarios de estas viviendas. Estamos en contacto directo con los ayuntamientos, que son los que mejor conocen el territorio, y hemos mantenido reuniones para colaborar en esta materia. De hecho, ya hemos iniciado en algunas ciudades la tramitación del proceso de baja de viviendas que no cumplen la normativa urbanística. Porque ahí es donde está el debate, en la lucha contra las viviendas turísticas irregulares, que generan molestias al vecindario y deterioran la imagen de Andalucía. El reto del turismo, en general, no está tanto en las cifras como en la gestión, en apostar por un turismo de calidad, ordenado, que conviva con los andaluces. En cuanto a la tasa, reconozco que el tema es complejo, porque, ¿es lógico que un andaluz pague una tasa por alojarse en un hotel andaluz? Hay muchos flecos sueltos en este asunto, y hemos creado una mesa con todas las partes implicadas para reflexionar sobre las consecuencias y tomar una decisión.

En materia de inversiones en construcción e infraestructuras sobresale el avance en las obras de metros y tranvías metropolitanos, ¿cuál es la situación actual de desarrollo de estos modos de transportes y los planes de futuro?

Nos encontramos ante un momento inédito en la historia de Andalucía. Es la primera vez que un Gobierno andaluz afronta a la vez las obras de los tres metros andaluces, con un esfuerzo inversor sin precedentes. Sabíamos que Sevilla, Málaga y Granada necesitaban soluciones para avanzar en una movilidad más sostenible que sólo podía venir de la mano de los metros y que en ese proceso ninguna de esas tres ciudades se podía quedar atrás. Hemos sido ambiciosos para acabar con este déficit histórico de infraestructuras que arrastra Andalucía. Sólo en el último año hemos movilizado 660 millones de euros en ejecutar estas tres ampliaciones. Y, en paralelo, estamos planificando las futuras ampliaciones con nuevos estudios informativos que nos guíen hacia dónde crecerán nuestros metros. También hemos afrontado la reactivación de los tranvías de Jaén y Alcalá de Guadaíra, que llevaban años abandonados y que hemos reactivado. El tranvía de Jaén, pese a las numerosas dificultades, avanza en su puesta a punto para que pronto circule en pruebas por las calles de la ciudad. Y con el tranvía de Alcalá estamos a punto de retomar las obras, después de haber obtenido una financiación europea que los gobiernos anteriores perdieron por su inacción y tras haber reparado los daños sufridos durante los años de abandono, que han supuesto un coste de más de 4 millones de euros.

Su Gobierno ha abanderado la bajada de impuestos como uno de sus emblemas en su política económica, ¿qué impacto está teniendo? ¿hay margen para seguir en esta senda?

La rebaja de impuestos ha supuesto para Andalucía un ingreso extraordinario de 8.000 millones, lo que nos ha permitido aumentar un 40% la inversión en sanidad, educación y servicios sociales. ¿Y por qué tenemos más ingresos? Porque hemos dinamizado la economía. Había sectores que estaban en la economía sumergida y que han aflorado gracias a una fiscalidad más asequible. Y a más actividad, más ingresos para destinar a infraestructuras y a políticas sociales. Nuestras rebajas fiscales no se hacen a lo loco, sin criterio. Son muy, muy selectivas y limitadas, porque sabemos hasta dónde podemos llegar. Debemos ser responsables.

La atracción de proyectos y la captación de inversiones para Andalucía ha sido otra de sus prioridades, ¿qué balance hace al respecto?

Enormemente positivo por una razón principal: Andalucía está hoy en el mapa.

Está en el foco de las grandes empresas y en sus planes de expansión e inversiones. Me refiero al ámbito internacional. Recientemente lo he podido constatar en la misión comercial a China que he tenido la oportunidad de encabezar. Me ha causado una gran satisfacción poder comprobar de primera mano el conocimiento, la opinión y la consideración que en un gigante de la economía mundial se tiene de Andalucía. De cómo se están haciendo las cosas aquí. De que se trabaja y se gestiona con rigor. De que se gobierna con moderación, sin escándalos y sin estridencias, con seriedad. Todo eso lo valoran muchísimo, tanto a nivel institucional como empresarial. Esa es la Andalucía con vocación de liderazgo por la que estamos trabajando.

En los seis años que lleva como presidente, ¿qué destacaría como sus grandes logros?

Es difícil señalar dos o tres cuestiones, pero, desde luego, hay compromisos cumplidos de los que me siento especialmente orgulloso. No por un prurito personal, sino porque estamos comprobando que dan buenos resultados. De algunos de ellos ya hemos hablado, como la bajada de impuestos, la reducción de trámites burocráticos o la reactivación de los metros. Hoy, Andalucía lidera el descenso interanual del paro en términos absolutos y atraviesa su mejor momento de proyección internacional en el ámbito del turismo. Esos son los resultados. Hay más. Nunca se ha destinado tanto presupuesto ni ha habido tantos profesionales en la sanidad y en la educación, que son dos de los pilares fundamentales de la sociedad del bienestar. ¿Significa eso que están todos los problemas resueltos y que nos demos por satisfechos? Evidentemente, no. Andalucía tiene los sistemas sanitario y educativo más grandes y más complejos de España y arrastra déficits que son necesarios seguir afrontando.

¿Cuáles son los retos pendientes, los problemas que se le resisten y los principales objetivos para lo que resta de mandato?

Siempre hay retos pendientes. Algunos porque vienen de lejos, como le comento de la sanidad; y otros, porque aparecen o reaparecen. Me preocupan mucho, por ejemplo, los efectos del cambio climático y, en especial, el problema de la sequía, que debemos afrontar ya como una situación crónica en Andalucía. Estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes en este terreno, porque somos conscientes de las consecuencias que la falta de agua tiene en nuestra agricultura, nuestra industria y nuestro turismo. En esto también reclamo un compromiso firme del Gobierno central, que no está cumpliendo con sus obligaciones de construcción de infraestructuras hidráulicas en Andalucía. Y en esto, también, es imprescindible acordar un nuevo modelo de financiación autonómica, que permita a las comunidades hacer frente a este tipo de situaciones.