La licitación pública acelera para pilotar la recuperación económica

Por Simón Onrubia

Si pudiéramos viajar en una máquina del tiempo a los primeros años de la década pasada, sería misión casi imposible convencer a alguien de que, en 2020, el sector de la construcción estaría llamado a ser pieza clave de la recuperación de la economía española.
Hay que recordar que, por aquella época, el despectivamente denominado “ladrillo” era señalado como el gran culpable -junto a la banca- de la profunda recesión que atravesaba nuestro país.
Ahora, sin embargo, son cada vez más las voces que defienden su protagonismo ante la incertidumbre que golpea al turismo y el alarmante retroceso de la industria. Una reivindicación que no sólo procede de empresarios y expertos, sino de un creciente número de políticos que coinciden en que es la única actividad capaz de coger velocidad de crucero desde el primer momento, generando así riqueza, empleo y, cómo no, ingresos vía impuestos.

Empuje de la Junta

Prueba de ello es el aluvión de licitaciones de obra pública que, tras un primer cuatrimestre bajo mínimos, se están registrando en Andalucía durante las últimas semanas, sobre todo de la Junta a lo largo de mayo y junio. Aunque todavía no se han publicado los datos globales de sendos meses, hay coincidencia en el sector: “Hacía años que no se veía algo igual”, señalan diversas fuentes consultadas por esta revista.
Los ayuntamientos también están echando mano del boletín oficial para taponar las consecuencias económicas y laborales provocadas por el Covid-19.
Menos activo, por el contrario, está siendo el Gobierno central aunque su cifra de licitaciones está creciendo de manera sostenida y la previsión es que se dispare una vez que desde Bruselas se dé luz verde a un gran plan de infraestructuras al objeto de acelerar la recuperación económica.
El primer paso en este sentido ha sido la puesta en marcha de un plan de rehabilitación de viviendas de dos años que supondrá movilizar una inversión de unos 2.000 millones de euros en colaboración con la iniciativa privada y que generará 221.000 empleos.
Desde la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) explican que “el sector de la construcción e infraestructuras tiene un enorme impacto en nuestro desarrollo económico y social, dado que se trata del sector productivo que genera la mayor actividad económica inducida de nuestra economía (1,92 euros por cada euro invertido) y además presenta la menor cuota de importaciones”.
Ceacop, por su lado, calcula que por cada 100 euros invertidos en infraestructuras, 62 retornan a la Administración vía tributos, seguros sociales y tasas. En la actualidad, el sector supone el 6% del PIB andaluz y el 6,4% del mercado laboral regional, generando en 2019 casi 10.000 millones de euros y 250.000 empleos.

Cambio de agujas

El actual auge de la obra pública se produce tras un primer cuatrimestre plagado de números rojos. Un retroceso esperado debido a dos motivos. Por un lado, el arranque del año ya estaba presentando cifras muy inferiores con respecto al ejercicio anterior. Por otro, el estado de alarma decretado el 14 de marzo suspendió la práctica totalidad de los procedimientos de contratación pública -a excepción de las obras de urgencia, de interés general y conservación de carreteras-, una prohibición que no se levantó hasta el 5 de mayo. Es decir, más de mes y medio prácticamente a cero.
Este cóctel se ha traducido en un desplome del volumen de concursos en el conjunto de las AAPP entre enero y abril. A modo de ejemplo, el Estado presenta un descenso del 57,7% al pasar de los 2.193 millones de euros de 2019 a los 927 millones del mismo periodo del actual ejercicio, según datos de Seopan.
El volumen de las administraciones locales se reduce a la mitad desde 2.342 a 1.277 millones. Por tipo de organismo, las diputaciones y cabildos sufren un retroceso del 51,2%, mientras que los ayuntamientos de capitales reducen su inversión un 40%, porcentaje que se eleva al 52,6% en el resto de consistorios.
Más airosas salen el conjunto de las gobiernos autonómicos al contabilizar una caída media del 19%. Sin embargo, es un dato desvirtuado debido a una circunstancia excepcional: Madrid eleva un 238% sus licitaciones al pasar de 170,3 a 575,5 millones de euros.
En el caso de la Junta de Andalucía, por ejemplo, el desplome es del 80% con 61,8 millones frente a los 314 millones registrados en los cuatro primeros meses de 2019. Otras regiones que presentan caídas superiores son Asturias (95,2%), Aragón (92,9%), Cantabria (89,4%) y Castilla-La Mancha (83,7%).
Además de Madrid, sólo Cataluña escapa de los números rojos gracias a que la Generalidad ha sacado proyectos por valor de 278 millones, lo que supone una mejora interanual del 12,6%
Pese a esta hecatombe, si el montante económico se analiza con perspectiva, se observa que está en línea -e incluso en algunos casos por encima- con el de los últimos siete años. Tal y como se puede observar en los cuadros que acompañan a esta información, desde abril de 2013 (el momento más bajo en volumen de licitaciones) se viene registrando una mejoría sostenida en el conjunto de las administraciones, si bien en ningún momento se han vuelto a repetir -ni siquiera a asemejarse- las cifras que se dieron en los años del boom del sector, con el primer trimestre de 2008 marcando un récord histórico.
La gran incógnita es saber lo qué sucederá en la segunda mitad del año y cuánto podrán gastar las diferentes administraciones.
De lo que hay menos dudas es sobre las intenciones del Ejecutivo autonómico. Marifrán Carazo, titular de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, declaró hace unos días que “hemos hecho una apuesta decidida por el sector de la construcción, que está sabiendo capear la crisis del Covid-19 y, para ello, hemos apostado por relanzar la obra pública que teníamos pendiente de licitar en esta Consejería”.
Tras levantarse las restricciones de la contratación pública, una de las primeras decisiones de la Junta fue reactivar la tramitación de la actualización del proyecto de construcción de la Línea 3 del Metro de Sevilla.
En los días siguientes se retomaron numerosos proyectos, entre ellos, la mejora de la seguridad vial de la A-483, en Huelva; la segunda fase de aumento de la capacidad en los accesos al PTA de Málaga; la finalización de la autovía del Almanzora (Almería); la rehabilitación del puente de Villa del Río (Córdoba) en la carretera A-3101; la mejora de la movilidad en la rotonda de La Zubia (Granada); o el nuevo acceso a Alcalá del Valle, en Cádiz.
Desde entonces, se han multiplicado los anuncios, como la ampliación de los metros de Málaga y Granada o la redacción del proyecto de construcción del tramo de la Autovía del Olivar entre Martos y la A-6051 (Jaén).
En paralelo, se han puesto en marcha iniciativas relativas a la construcción y rehabilitación de viviendas e inmuebles, movilidad, reurbanización de zonas degradadas, obras en puertos… En total, la Consejería estima que solo su departamento está movilizando más de 300 millones de euros, a los que hay que añadir otros 115 millones para “ponerse al día” con las empresas contratistas.

Luces y sombras de la CPP

Para dar un mayor impulso a este proceso, el actual equipo de gobierno en Andalucía se ha marcado el objetivo de recuperar la colaboración público-privada (CPP), un modelo que hace una década fue la propuesta estrella del Ejecutivo de José Antonio Griñán para la financiación de infraestructuras.
El entonces presidente autonómico lanzó un plan que contemplaba una financiación global de 7.183 millones de euros entre 2010 y 2020 para la realización de 49 proyectos de infraestructuras del transporte, depuradoras, ciudades de la justicia, sedes judiciales, residencias de mayores y sedes culturales.
Aquella ambiciosa iniciativa fue uno de los mayores fiascos de su legislatura y acabó olvidado en un cajón. Ahora, la coalición de PP y Ciudadanos quiere que la CPP sea una de las grandes palancas del sector. Sin embargo, las dudas son múltiples. El primer condicionante es que deja fuera a la práctica totalidad de las empresas andaluzas, dado que liderar este tipo de iniciativas requiere de un gran músculo financiero. Así pues, los únicos que parecen capaces de coger esta bandera son las grandes compañías y, sobre todo, los fondos de inversión. Pero, es en este punto donde surge el segundo gran obstáculo: las bajas rentabilidades.
La Ley de Desindexación de la Economía Española determina el periodo de recuperación de la inversión y fija el parámetro de “rentabilidad razonable del proyecto”, que en la actualidad se sitúa por debajo del 2,5% anual, porcentaje muy inferior al que se ofrece en otros países europeos, lo cual resta competitividad a España.
Ante este problema, el consejero andaluz de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha enviado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que le pide una modificación en la ley, al considerar que supone “un obstáculo” a la hora de firmar contratos de colaboración público-privada para salir de la crisis.
Por el momento, la Junta va a poner en marcha un programa piloto que consiste en poner suelo a disposición de las empresas privadas a cambio de que los promotores construyan viviendas asequibles y cedan a la Administración la titularidad de un número determinado de unidades.

Demandas del sector

Precisamente, estas dudas que existen en torno a la CPP es lo que ha llevado a Ceacop a reclamar un plan de Inversiones con actuaciones de carácter inmediato, y otras a corto y medio plazo, que permitan a las compañías continuar su actividad y mantener el empleo.
Desde esta patronal aseguran que “no podemos esperar en estos momentos de emergencia a planes a largo plazo, como la colaboración público-privada, pues supone modificaciones legislativas que van a necesitar más de un año para producirse, si es que esto llega a ocurrir”.
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, por su parte, también ha puesto voz a las demandas del sector de la construcción solicitando a la Junta más obra pública para la recuperación económica ante el tsunami provocado por el coronavirus.
Su propuesta recoge un amplio listado de proyectos que van desde los relacionados con el ciclo integral del agua y las energías renovables, hasta el transporte y la movilidad, pasando por contratos de mantenimiento y conservación, la protección frente a eventos naturales extremos y los que garanticen la seguridad de las infraestructuras y con ellos de la población.
“Estas áreas de inversión -explican- no sólo requieren un menor coste en sus proyectos y obras, sino que tienen un mayor impacto socioeconómico”.
Igualmente, reclaman una fuerte apuesta por el ámbito del transporte y la ‘Movilidad como Servicio (Mobility as a Service, MaaS), así como por el medio rural, poniendo el foco en la mejora de las infraestructuras en materia de carreteras, abastecimiento y saneamiento, energía y telecomunicaciones.
Seopan ha ido un paso más allá y ha cuantificado en 157.000 millones de euros las necesidades de inversión prioritarias en infraestructuras para los próximos diez años, que, además de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) marcados por Naciones Unidas comprometidos por España, “servirán como palanca de reactivación de la economía”.
Se trata de infraestructuras medioambientales y sociales desglosadas en los siguientes epígrafes:

  • 74.784 millones para la sostenibilidad medioambiental y social de nuestras ciudades.
  • 32.435 millones en energía asequible y no contaminante; sector residencial y terciario.
  • 23.600 millones para construcción de hospitales y reducir los fallecidos en carreteras.
  • 17.548 millones para incrementar la resiliencia y calidad de nuestras infraestructuras.
  • 5.253 millones para garantizar la disponibilidad y gestión del agua y del saneamiento.
  • 3.848 millones para combatir la sequía y las inundaciones.

Estas inversiones, a ejecutar durante el periodo 2021-2030, generarían 144.870 millones de actividad económica inducida, 2.3 millones de nuevos empleos, con un volumen de importaciones necesarias de solo el 9% de la demanda final, y un retorno fiscal de 77.159 millones. Ai

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