LA URGENTE NECESIDAD DE REFORMAR LA REVISIÓN DE PRECIOS EN LA OBRA PÚBLICA
No se puede ni se debe subestimar la urgente necesidad de reformar la revisión de precios en la obra pública. La revisión de precios ha dejado de ser un mero trámite técnico para convertirse, hoy en día, en un pilar determinante para la viabilidad de las empresas y, por extensión, de las infraestructuras del país. La volatilidad de los precios de las materias primas y las presiones inflacionaria que hemos experimentado en los últimos años han colocado al sistema actual en una situación extrema. Los mecanismos actuales de revisión de precios están obsoletos y están atrapados en fórmulas y métricas obsoletas que ya no reflejan las complejas y fluctuantes realidades del mercado. Es momento de actuar con decisión.
Los indicadores que se emplean en este momento no reflejan con precisión los costes reales que soportan las empresas constructoras. En un entorno de alta volatilidad de las materias primas y de la energía, esta falta de actualización pone en jaque la viabilidad de los proyectos, generando un desequilibrio que amenaza enormemente la estabilidad del sector. Como resultado, muchas empresas constructoras optan por no participar en licitaciones públicas, lo cual deteriora la competencia y termina afectando la calidad de las obras adjudicadas. Además, la incertidumbre resultante aumenta el riesgo de que los presupuestos inicialmente previstos se descontrolen, desembocando en la rescisión o resolución de contratos o, en el peor de los casos, en la insolvencia de los contratistas. Esta falta de actualización de los precios, combinada con un contexto económico tan volátil, genera un cóctel explosivo que las empresas, particularmente las pequeñas y medianas, no pueden sostener por mucho tiempo.
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece reglas rígidas y estrictas para la revisión de precios, pero la inflexibilidad de estas normas choca frontalmente con la necesidad de adaptarse a una economía en constante cambio. La prohibición de revisar precios durante los dos primeros años de contrato se convierte en una barrera insuperable cuando los precios de los materiales se disparan, dejando en riesgo la sostenibilidad de las empresas que operan con márgenes ajustados (que son las mayorías de las que se presentan a licitaciones públicas). Las constructoras, especialmente las de menor tamaño, se enfrentan a la disyuntiva de asumir incrementos de costes que simplemente no pueden absorber sin mecanismos de revisión oportunos que les permitan mitigar el peso financiero de estas fluctuaciones abruptas. La situación es claramente insostenible sin una intervención urgente e importante.
Este problema, aunque no es nuevo, ha sido agravado por las crisis recientes: la pandemia, el aumento vertiginoso de los precios de la energía y los conflictos internacionales han amplificado los efectos nocivos de un sistema desfasado. Estos eventos han incrementado dramáticamente los costes de producción, los de transporte y la mano de obra, colocando a muchas pequeñas y medianas empresas constructoras en situaciones límite, sin la capacidad de resistir estos embates económicos. La reducción del número de empresas dispuestas a asumir proyectos de obra pública ha limitado considerablemente la competencia, generando un mercado cada vez más concentrado, donde la calidad de los proyectos se ve inevitablemente afectada. Menos opciones significa menores oportunidades para la Administración, que se ve obligada a trabajar con precios menos competitivos y con empresas que, en muchos casos, no tienen la capacidad necesaria para garantizar los estándares de calidad requeridos. Todo esto genera un ciclo pernicioso que pone en peligro el rendimiento y la durabilidad de nuestras infraestructuras.
Uno de los mayores problemas es el desfase temporal en la aplicación de las revisiones de precios. Mientras que los costes aumentan de forma inmediata, las revisiones se implementan tarde, si es que se implementan, creando así tensiones financieras insostenibles para las empresas constructoras. Las pymes, que no cuentan con el mismo respaldo financiero que las grandes constructoras, se ven afectadas de manera desproporcionada y, en muchísimos casos, terminan abocadas a la insolvencia. La falta de sincronización entre el comportamiento del mercado y los mecanismos de revisión amenaza la sostenibilidad y la estabilidad de todo el sector de la construcción. Además, la falta de adaptación de estos mecanismos a las realidades del mercado deteriora la confianza en el sistema. Un sector de la construcción debilitado afecta de manera directa al desarrollo de infraestructuras esenciales para cualquier país, como hospitales, escuelas y carreteras, infraestructuras fundamentales para el bienestar de toda la sociedad.
La falta de un sistema adecuado de revisión de precios tiene un grave impacto en el sector de las infraestructuras. Las empresas comprometidas con la calidad se ven obligadas a mantener sus elevados estándares técnicos y de materiales incluso cuando los sobrecostes no previstos erosionan significativamente sus márgenes. Esta situación es especialmente preocupante porque pone en desventaja competitiva a las compañías que priorizan la excelencia técnica y la durabilidad de las obras. A largo plazo, esto perjudica tanto a la ciudadanía como al Estado, ya que empresas menos cualificadas o con menores estándares de calidad pueden acabar ganando cuota de mercado simplemente por poder ofrecer precios más bajos. La falta de un sistema de revisión de precios justo desincentiva la participación en licitaciones de las empresas más solventes y con mayor capacidad técnica, lo cual reduce la competencia efectiva y limita la capacidad de la administración para seleccionar a los mejores contratistas. El resultado final es un deterioro general en la calidad de las infraestructuras públicas, que deriva en mayores costes de mantenimiento y necesidades de inversión adicionales en el futuro.
La competitividad del sector de la construcción está intrínsecamente ligada a la estabilidad financiera de las empresas que lo componen. Sin estabilidad económica, la innovación también se ve comprometida. Innovar es fundamental para mejorar la eficiencia, reducir tiempos de ejecución y minimizar costes. Sin embargo, cuando los recursos económicos se destinan a cubrir sobrecostes imprevistos, las empresas dejan de invertir en investigación y desarrollo. Esta falta de innovación tiene un impacto a largo plazo en la competitividad global del sector, ya que no se adoptan nuevos métodos ni tecnologías que podrían marcar la diferencia en términos de calidad y eficiencia. La falta de mecanismos de revisión de precios adecuados afecta, incluso, a la capacidad de desarrollo tecnológico del sector de la construcción. La innovación requiere un flujo constante de inversión, y sin esa estabilidad económico-financiera, las empresas pierden terreno en un mercado globalizado y cada vez más exigente.
Frente a este panorama, es necesario impulsar una reforma profunda y estructural del sistema de revisión de precios. Necesitamos mecanismos ágiles y flexibles que permitan ajustes en tiempo real o, al menos, en plazos razonables que estén en sintonía con las realidades del mercado. Los índices utilizados para las revisiones deben actualizarse para reflejar los costes verdaderos, integrando componentes esenciales como materiales, energía, transporte y otros factores que influyen en el coste final de los proyectos. Además, se deben contemplar revisiones extraordinarias en circunstancias excepcionales de volatilidad, evitando así que las empresas constructoras se vean obligadas a asumir riesgos financieros que podrían llevar a la quiebra de muchas empresas. La capacidad de reacción ante eventos externos y ajenos a las empresas, como crisis internacionales o cambios abruptos del mercado, es vital para evitar el colapso financiero de proyectos que son esenciales para la calidad de vida de los ciudadanos.
La transparencia es otro elemento esencial para una revisión de precios efectiva. Los procedimientos y reglas vigentes son extremadamente complejos y poco claros, lo cual genera incertidumbre tanto para las empresas como para las administraciones públicas. Es necesario implementar procedimientos que sean accesibles, que posibilite a todas las partes entender claramente cómo y cuándo se aplicarán los ajustes de precios. De esta manera, se promoverá la confianza y la previsibilidad, elementos imprescindibles para la cooperación y el buen funcionamiento de cualquier sector económico. Los procedimientos complejos y opacos no solo provocan retrasos, sino que además actúan como barreras que impiden que muchas empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas, participen en licitaciones. La excesiva burocracia desincentiva la participación, impactando especialmente a aquellas empresas que carecen de equipos especializados para lidiar con este tipo de situaciones.
La Ley de Contratos del Sector Público tiene entre sus objetivos la transparencia y eficiencia, además de fomentar y promover la participación de las pequeñas y medianas empresas. No obstante, sin un sistema adecuado de revisión de precios, estos objetivos resultan, en la práctica, muy difíciles (por no decir “imposibles”) de alcanzar. Es necesario un cambio radical. Un sistema más dinámico, con mecanismos automáticos para ajustar precios cuando los costes superen ciertos umbrales, podría proporcionar la estabilidad deseada y necesaria para proteger a las empresas y evitar la interrupción de los proyectos. Además, el establecimiento de sistemas que garanticen revisiones automáticas contribuiría a mejorar la competitividad del sector, posibilitando que las empresas se enfoquen en ofrecer el mejor servicio posible sin tener que preocuparse por problemas financieros derivados de la falta de ajuste de precios.
Para que esta reforma tenga éxito, es fundamental que las administraciones públicas adopten un rol proactivo y flexible. Es necesario establecer nuevos procedimientos y agilizar los procesos burocráticos que en la actualidad dificultan la revisión rápida de los precios. La simplificación administrativa y la digitalización de los procedimientos son básicos para mejorar la eficiencia y disminuir los tiempos de respuesta. Un sistema de monitoreo continuo de precios permitiría ajustes más precisos y oportunos, y sería una herramienta clave para prever situaciones de riesgo y actuar antes de que los costes se descontrolen. Un observatorio de precios que realice un seguimiento constante del mercado de materiales proporcionaría información valiosa tanto para las administraciones como para las empresas, facilitando una gestión más efectiva y una planificación más eficiente de los recursos.
La formación también juega un papel fundamental en esta necesaria reforma. Tanto los funcionarios como los representantes de las empresas deben estar capacitados en el uso y aplicación de estos mecanismos de revisión de precios. La formación continua no solo ayudará a evitar errores, sino que también garantizará una aplicación adecuada y justa de los ajustes. Además, el entrenamiento en nuevas tecnologías y métodos digitales permitirá que las empresas y las administraciones se adapten más fácilmente a los cambios y adopten mejores prácticas que aumenten la eficiencia. En un sector como el de la construcción, donde los avances tecnológicos son continuos y disruptivos, contar con equipos bien formados puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un proyecto.
La cooperación entre los sectores público y privado resulta fundamental para afrontar de la mejor forma posible los retos presentes. Para fortalecer este vínculo, se propone establecer mesas sectoriales donde representantes de ambos ámbitos analicen conjuntamente las necesidades de la industria y desarrollen mecanismos para una revisión de precios más equitativa y efectiva. Estos espacios de diálogo no solo facilitarían el intercambio de información estratégica, sino que también permitirían a empresas y administraciones adaptarse con rapidez a un contexto en constante evolución. La cooperación estructurada entre todas las partes constituye la piedra angular para alcanzar soluciones equilibradas, garantizando un proceso transparente y participativo que genere beneficios para todos los actores del sector.
La modernización del sistema de revisión de precios pasa, necesariamente, por la digitalización. Automatizar la recopilación de datos y emplear sistemas de información en tiempo real potenciarán notablemente la gestión y administración de contratos y hará mucho más eficientes los ajustes necesarios. La transparencia, facilitada por el uso de herramientas digitales, beneficiará tanto a empresas como a administraciones, y fortalecerá la confianza en los procesos de contratación pública. La digitalización del proceso de revisión no solo contribuye a reducir los errores humanos y la manipulación, sino que también facilita que los ajustes se realicen de manera más ágil, precisa y documentada. Estas herramientas también facilitan la trazabilidad de cualquier cambio, asegurando que todas las partes tengan acceso a la información necesaria para comprender cómo y por qué se han realizado los ajustes de precios.
En última instancia, un sistema adecuado de revisión de precios también tiene el potencial de contribuir de manera significativa a la sostenibilidad del sector. Ajustar precios para reflejar los incrementos en los costes de tecnologías limpias y materiales sostenibles puede incentivar a las empresas a adoptar soluciones más innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. La sostenibilidad es uno de los grandes retos que afronta el sector de la construcción, y cualquier esfuerzo para fomentar prácticas más ecológicas debe ser apoyado por mecanismos financieros que hagan viables estas iniciativas. Las empresas constructoras deben contar con incentivos claros para adoptar tecnologías más limpias, pero si los costes adicionales no se reflejan en los precios de los contratos, la transición hacia un modelo de construcción sostenible será lenta, costosa y estará llena de obstáculos. Un sistema de revisión de precios que contemple estas variables puede ser el catalizador que el sector necesita para dar el gran salto hacia la sostenibilidad.
En conclusión, es imprescindible abandonar los mecanismos obsoletos y apostar con firmeza por un modelo moderno que proporcione seguridad jurídica y estabilidad económica. Solo de esta manera podremos afrontar con éxito los desafíos de inversión en infraestructuras que nuestro país deberá asumir en los años venideros. Garantizar la viabilidad de los proyectos, fortalecer la competitividad del sector y promover la calidad de nuestras infraestructuras pasa, ineludible e indiscutiblemente, por modernizar el sistema de revisión de precios. El éxito de esta transformación dependerá de la voluntad política y del compromiso de todos los actores involucrados. Sin lugar a duda, apostar por un sistema de revisión de precios moderno y eficiente es apostar por la sostenibilidad, la justicia económica y la generación de valor a largo plazo.
Esta transformación no es opcional, es urgente y necesaria. Modernizar la revisión de precios garantizará que nuestras infraestructuras sigan siendo un pilar fundamental del progreso y el bienestar social. Es necesario actuar con determinación para construir un futuro más robusto, competitivo y justo para todos los actores del sector de la construcción. La reforma que requerimos no es solo una cuestión técnica o económica; es una apuesta clara por el bienestar social y el progreso sostenible de nuestro país. Es el momento de actuar con firmeza, con determinación y con compromiso, asegurando que nuestras infraestructuras sean el cimiento firme en el que podamos edificar el futuro que todos anhelamos.
Fdo: Francisco Sánchez Romero, Director de Asesoría Jurídica de Construcción. JARQUIL