LISTA, la Ley que Andalucía necesita

Por Marifrán Carazo

Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

Vivimos tiempos difíciles. La pandemia COVID-19 ha azotado con crueldad a muchas familias andaluzas y nos va a obligar a afrontar una crisis económica cuyos efectos aún son difíciles de cuantificar. Esa realidad no debe restar ánimos. Los andaluces hemos demostrado en muchas ocasiones que somos un pueblo fuerte y capaz de salir adelante en situaciones complejas.

El Gobierno andaluz lo sabe y para ayudar en esa tarea que tenemos todos, impulsar el desarrollo de Andalucía, ha puesto en marcha diversas iniciativas que nos permitirán afrontar esta nueva situación en mejores condiciones. Una de ellas es la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) que, ante la situación actual, se va a tramitar por la vía de urgencia para impulsar la reactivación económica.

La Ley viene a desenredar una maraña de normas urbanísticas que durante muchos años ha lastrado el desarrollo de Andalucía, ha frenado la ejecución de muchos proyectos urbanísticos que podrían haber mejorado la vida de los andaluces y ha generado una serie de problemas en la ordenación del territorio que había que atajar.

Para el Gobierno andaluz, el urbanismo y la ordenación del territorio no son conceptos vanos, son la base del desarrollo de nuestras ciudades y pueblos, de nuestra economía, de nuestro futuro y condicionan la vida de quienes los habitamos. Durante muchos años esos dos conceptos han discurrido por vías paralelas, pero deben confluir para lograr acompasar el crecimiento de nuestra tierra, fundamental para lograr el desarrollo económico y la creación de empleo que tanto necesita Andalucía, siempre bajo la premisa del máximo respeto a nuestro medio ambiente, algo fundamental para garantizar nuestro futuro. Por ello, el borrador de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía tiene como base, además de simplificar los procedimientos, que cualquier iniciativa urbanística debe desarrollarse bajo la premisa de que tiene que ser viable, por este orden, social, ambiental y económicamente.

Respecto a la simplificación de trámites, hasta ahora, y el sector inmobiliario lo sabe bien, cualquier iniciativa que se quisiera poner en marcha era un calvario, ya fuera un proyecto de urbanización para la construcción de nuevas viviendas, uno que suponía la rehabilitación de edificios, la ejecución de un centro comercial o la instalación de una industria. Un promotor que quisiera iniciar un proyecto que iba a generar empleo y riqueza para un municipio tenía que lidiar con hasta 235 textos legales entre leyes, reales decretos, decretos-leyes, órdenes y resoluciones.

La nueva ley va a suponer una salida para todo ese laberinto de normas que sólo generaba inseguridad jurídica y que era un lastre para la puesta en marcha de cualquier iniciativa.

La Ley derogará tres leyes (La LOUA, la LOTA y una modificación de la LOUA de 2012), y tres decretos, además de parte del articulado y disposiciones de 16 leyes y otros tres decretos, al tiempo que adecuará el modelo de clasificación del suelo a la legislación estatal y fijará un modelo de planes urbanísticos menos rígido, agilizando los planes sectoriales. Ello permitirá atender con más rapidez y eficacia la necesidades de los vecinos de nuestros pueblos y ciudades tanto en materia residencial -en la promoción de nuevas viviendas, en venta y alquiler, a precio asequible que los andaluces reclaman, pero también en materia de rehabilitación- como de proyectos que impulsen nuestra economía.

Para ello, dada la necesidad de adecuar el planeamiento a las necesidades y características, muy diversas, de los municipios andaluces, se establecen unos instrumentos de planeamiento que se adecuan al tamaño de los municipios, porque no se puede exigir lo mismo a un pueblo pequeño que a los grandes.

Por otra parte, el borrador de la Ley plantea un sistema dual de planeamiento, el Plan de Ordenación Municipal, que establece el modelo general de ordenación del municipio, y el Plan de Ordenación Urbana, para la ordenación de la ciudad existente; y, al mismo tiempo, incorpora dos instrumentos, los Estudios de Ordenación, para atender las necesidades de renovación urbana en suelo urbano, y los Proyectos de Actuación Municipal, para regular las actuaciones que se pretendan llevar a cabo en suelo rústico.

Junto a ello se impulsa la colaboración público-privada en la gestión y ejecución de planes y en las actuaciones de transformación urbanística, garantizando siempre la viabilidad técnica y financiera del proyecto. Eso hará que se pueda llevar a cabo la tramitación simultánea del instrumento de ordenación, del proyecto de reparcelación y del proyecto de urbanización.

Con todas estas novedades, que implican un refuerzo del papel y la responsabilidad de los ayuntamientos, se logrará que el desarrollo de un municipio no tenga que esperar, como hasta ahora, una media de diez años a la aprobación del Plan General, con el riesgo de que muchas iniciativas ya no sean factibles o, simplemente, no respondan a las necesidades reales de los municipios en ese momento. La tramitación de los planes urbanísticos se reducirá a una media de año y medio o dos años.

Otra cuestión importante es que la nueva Ley establece un régimen transitorio que permitirá que, tras su entrada en vigor, todos los instrumentos de planeamiento y gestión aprobados y en ejecución puedan seguir tramitándose. Ello contribuirá sin duda a dar más seguridad jurídica al urbanismo.

Desde el Gobierno andaluz consideramos que la nueva Ley para el Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, LISTA, con la colaboración de todos, va a cambiar la forma de hacer ciudad, hacer nuestros pueblos y ciudades espacios más amables, convirtiendo a todo el territorio andaluz en un espacio habitable y sostenible, y, al mismo, va a permitir desarrollar los proyectos urbanísticos que Andalucía necesita para poder aprovechar bien la enorme potencialidad de nuestra tierra.