Por un programa de rehabilitación de viviendas a escala de Estado para la reactivación económica y la generación de empleo

Hace un par de meses presenté una Moción en el Senado para instar al Gobierno de España a la reactivación del sector de la construcción (o más en concreto, el de la llamada edificación inteligente) frente a las exclusivas políticas de recorte y ajuste del déficit que han centrado el primer año de esta legislatura. A mí juicio, el cambio de modelo productivo es sin duda uno de los retos de España para salir de la crisis y comenzar una senda de crecimiento económico sostenible y generador de empleo estable.

El sector de la construcción, hasta no hace mucho motor de la economía española tanto por la aportación que el valor añadido bruto del mismo tiene sobre el PIB, como por la generación de empleo, ha sido igualmente tras el estallido de la burbuja especulativa inmobiliaria, el responsable de la destrucción de más de un millón de empleos.

El primer año del gobierno del Sr. Rajoy ha sido el año de los recortes y del control del déficit, pero este país necesita políticas de crecimiento ya. Políticas que impulsen sectores productivos claves para la economía y lo hagan cambiando los pilares de insostenibilidad sobre los que han se han mantenido en el pasado reciente.

Uno de esos planes de estímulo y crecimiento económico debe ir dirigido al sector de la construcción y no sólo por la generación de empleo directo que podría conseguir, sino por la gran actividad que podría inducir en otros sectores industriales (metal, madera o materiales de construcción), así como en el sector servicios. Sin embargo, consideramos que el exceso de oferta de viviendas generado en estos años justifica un replanteamiento global del sector y la necesidad de optar por una alternativa viable al modelo anterior basado exclusivamente en la ocupación de suelo y en la construcción de nueva planta.

Este modelo alternativo debe asentarse en un auténtico modelo de ciudad sostenible y eficiente que cuente con los servicios y equipamientos necesarios distribuidos de forma equilibrada en el territorio y que apueste por la renovación y revitalización urbana de los barrios en los que se asienta la mayor parte de la población.

A través de esta Moción, pretendía contribuir a plantear una serie de propuestas políticas que conformen una Estrategia de Estado para impulsar un programa de rehabilitación de viviendas a gran escala en España coordinado por las Administraciones Públicas y atractivo a la participación de la iniciativa privada y de los propietarios de las mismas.

Mientras en Europa la rehabilitación supone un 42% del total de la actividad del sector de la construcción, en España tan sólo alcanza el 24% en términos nominales, según Seopan. Actualmente no se rehabilitan más de 40.000 viviendas al año en el conjunto del Estado.

 

Una gran oportunidad

 

Las razones por las que consideramos que este programa supone una importante oportunidad para caminar hacia un desarrollo sostenible en nuestro país son precisamente las que dan sentido a ese concepto: económicas y de empleo, sociales y ambientales o energéticas.

Económicas y de empleo, porque la rehabilitación de 400.000 viviendas incorporando criterios de eficiencia energética, habitabilidad y accesibilidad, al año podría generar entre 9.000 y 14.000 M de euros de actividad económica y generar entre 140.000 y 290.000 empleos estables. Es además una actividad especialmente intensiva en mano de obra (3 empleos por vivienda).

Sociales, porque se trataría de favorecer las condiciones de habitabilidad y calidad de vida de hogares que conforman un parque de viviendas anterior a 1980, esto es, antes de las primeras normas básicas de edificación, que padecen problemas de accesibilidad y de coste energético.

Ambientales y energéticas, en el marco de los compromisos europeos de la estrategia 20-20-20, por cuanto el sector de la edificación supone una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y la mejor inversión de futuro que puede hacerse en nuestros hogares es la mejora de la eficiencia energética de los mismos ya que renovando 2 millones de hogares en lo que queda de década ahorraríamos 23 millones de toneladas de CO2 y reduciríamos 88 millones MWh de la factura energética (unos 6.000 millones de ahorros en los próximos 8 años).

La situación actual del sector de la construcción en nuestro país justifica a nuestro juicio un enfoque más ambicioso del marcado en el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, desde una perspectiva integral y que abarque aspectos normativos, fiscales y de fomento. Así lo han entendido ya algunos países de la Unión Europea, como Alemania o Reino Unido que han desarrollado políticas y programas efectivos para financiar el sector de la rehabilitación energética de su parque de viviendas.

 

Un marco jurídico seguro

 

Creo imprescindible un marco jurídico seguro que disipe las incertidumbres existentes en la actualidad en relación a ciertos aspectos urbanísticos y edificatorios, por lo que saludamos que el Gobierno hace unas semanas presentara por fin un proyecto de ley de rehabilitación y renovación urbana que en estos momentos se tramita en el Senado. Este proyecto de ley debe desarrollar a mí juicio el deber legal de conservación de edificios que tienen los propietarios, las comunidades de propietarios y las administraciones públicas, así como el procedimiento administrativo para llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación edificatoria, de regeneración y de renovación urbana.

Por otra parte,  para llevar a cabo un proyecto de rehabilitación a gran escala fruto de un modelo de colaboración público-privada es necesario definir actuaciones cuya inversión pueda financiarse en su mayor parte gracias a los ingresos que pueda generar el conjunto de acciones de transformación previstas en las mismas, de forma que el impacto económico sobre los particulares sea el mínimo. Para ello, entendemos imprescindible la implicación de las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, electricidad o gas en la gestión de dichas actuaciones, ya sea para financiar las redes de infraestructuras que les correspondan o para financiar la inversión de la actuación en su conjunto por medio de los ahorros energéticos futuros que sean amortizables con el tiempo. Debe agilizarse igualmente la toma de decisiones para poner en marcha los proyectos a escala de barrio, para lo cual es imprescindible la implicación activa de las comunidades de propietarios y la búsqueda de acuerdos de éstas con las administraciones y empresas que participen en la actuación.

Un proyecto de rehabilitación a gran escala para nuestro país necesitará sin duda de un apoyo público en su arranque, a través de subvenciones, aunque mucho menores dada la escasez de recursos presupuestarios, y créditos ICO, con retornos evidentes vía impuestos y ahorros en prestaciones de desempleo. El resto de la financiación deberá producirse mediante la capitalización de ahorros energéticos que se generarán tras la rehabilitación, invirtiendo estos el primer año, la capitalización de la reducción de emisiones, el desarrollo de proyectos y servicios urbanos complementarios y las aportaciones de los propietarios diferidas incluso en el tiempo y que podrían compensarse en parte con el incremento de valor de los inmuebles fruto de su propia rehabilitación.

Por último, creo que la futura ley debería avanzar en una fiscalidad más inteligente que trate de forma favorable la ejecución de estos proyectos en el marco del régimen del IRPF (aquí si deberíamos imitar a Alemania), con un IVA reducido, exenciones y bonificaciones en aranceles notariales/registrales, mejor tratamiento en el ICIO para evitar encarecimiento de las obras de ejecución, etc.

 

Juan Espadas Cejas

Senador y Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla