La construcción muestra su profundo malestar ante el anuncio del recurso sobre la constitucionalidad del Decreto de revisión de precios andaluz

La patronal andaluza de la construcción, FADECO Contratistas, ha puesto hoy de manifiesto su “profunda preocupación y alarma”, tras conocer las objeciones de la Secretaría de Estado de Política Territorial al Decreto Ley de revisión excepcional de precios aprobado por la Junta de Andalucía el pasado abril. Esta circunstancia obliga a la apertura de una mesa de negociación que, de no terminar en acuerdo, provocaría, casi con toda seguridad, el recurso de inconstitucionalidad, según la entidad.

Para la Federación, la situación es “inasumible, por la incertidumbre e inseguridad jurídica que provoca, a la vez que se muestra muy preocupada por los efectos que tendrá en la actividad licitadora y las consecuencias en el empleo”. Así lo han manifestado hoy en rueda de prensa Rafael Sánchez Alcalá y Jorge Fernández-Portillo, presidente y secretario general de FADECO Contratistas, respectivamente, y Juan Aguilera, gerente de Gaesco.

Jorge Fernández-Portillo, Rafael Sánchez Alcalá y Juan Aguilera

Los distintos decretos de revisión de precios surgen para paliar los efectos de la intensa inflación que sufre el sector, y el principal objetivo de estos es cubrir los costes en los que incurren las empresas constructoras que ejecutan obra pública, de ahí que sea imprescindible que la medida incluya las obras ejecutadas en el periodo de mayor incremento de precios, obras con certificaciones en 2021. El Gobierno de España no recoge en su decreto las citadas obras, dejando fuera todas las terminadas antes de marzo de 2022, algo que sí contempla en Gobierno regional en su Decreto, que también recoge todos los materiales de construcción, frente a la norma estatal que solo refleja cuatro materiales.

“Nuestras empresas no pueden más, han llegado al límite”, ha manifestado Sánchez Alcalá, al tiempo que Juan Aguilera ha lamentado que tras dos años largos de pandemia, “no se haya resuelto el tema de la actualización de los precios de las materias primas, que continúa desbocado”, con el agravante de que “el Gobierno de la nación está actuando como el perro del hortelano con el sector”. Así, ha afirmado que “el Ministerio ha publicado un decreto que ni actualiza el precio de sus obras, ni permite que otras administraciones actualicen los de las suyas con sus propios recursos”.

Ha calificado la actitud del Gobierno central, al poner pegas a la aplicación del Decreto andaluz, como una “falta de consideración a la Junta de Andalucía y a los andaluces”, y ha asegurado que ha actuado “tarde y mal”. “En otros países se actualizaron los precios de manera rápida, mientras nosotros hemos tenido que esperar más de dos años para el Decreto de revisión, que además es caprichoso, al incluir solo cuatro materiales, frente a los 35 que por ejemplo contempla Italia”.

Ha explicado que la Junta de Andalucía lo ha completado con su Decreto, a petición de FADECO Contratistas. “El andaluz es riguroso. No entendemos por qué, a día de hoy, el Ministerio aún no ha dado ninguna razón solvente por la que no se deba aplicar. Las empresas están en una situación límite, no pueden continuar con las obras con estos niveles de inflación, no pueden seguir ejecutando obras a pérdida”, ha subrayado Aguilera.

A día de hoy, se están paralizando obras y hay otras cuyas licitaciones se están quedando desiertas por falta de empresas. “En los próximos meses, esto va a desembocar en una situación mucho más grave”, ha matizado el gerente de Gaesco.

Fernández-Portillo, por su parte, ha reclamado “sensibilidad al Gobierno central en la comisión bilateral prevista para determinar las competencias de la Junta de Andalucía. Se ha generado una situación kafkiana de inseguridad jurídica importante”, y ha precisado que la subida de los precios de los materiales ha provocado que más de 93 millones de euros licitados no se hayan adjudicado. “Obras muy atractivas, de más de 7 millones de euros en algunos casos, se quedan desiertas porque a las constructoras no les salen las cuentas”, ha señalado.

Asimismo, el presidente de FADECO Contratistas ha incidido en las consecuencias de toda esta situación sobre el empleo. “Nuestro sector es una locomotora que tira de muchos vagones. De momento, el sector de la edificación residencial está aguantando, pero el riesgo en la obra pública es ya muy alto. Queremos seguir siendo un motor de la economía andaluza, y aún tenemos mucho recorrido. A junio de este año los empleados en la construcción son 942.000, frente al 1.386.000 de 2009. Podemos alcanzar cotas aún más altas”. Por eso, les ha pedido a las Administraciones que “tomen conciencia de que este es un sector vital. Cada mañana estamos contactando directamente con las empresas y sabemos que la situación es realmente difícil. La incertidumbre puede ser muy negativa y parece que todo podría agravarse mucho después del verano”.

“El momento no puede ser más inoportuno, por el contexto macroeconómico existente, y la actitud del Gobierno de España, regulando a medias, y no dejando a las comunidades autónomas tomar medidas, resulta insostenible”, concluye el presidente de la Patronal, a la vez que exige una resolución rápida de esta controversia.

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