Next Generation: luces y (muchas) sombras en torno al Plan Marshall versión 4.0

Por Simón Onrubia

Año 1948. Estados Unidos pone en marcha un programa para la reconstrucción de los países europeos devastados tras la Segunda Guerra Mundial. Con una dotación de 12.000 millones de dólares de la época, se denominó European Recovery Program (ERP), si bien, ha pasado a la Historia con otro nombre: Plan Marshall, en referencia al entonces secretario de Estado estadounidense, George Marshall.

Casi 75 años después, el Viejo Continente impulsa una iniciativa que también tiene como reto la titánica tarea de recuperar las economías de los estados miembro de la Unión Europea, ahora asoladas no por una guerra, sino por los efectos del Covid.
En esta ocasión, los números son aun más mareantes porque el denominado Next Generation UE está dotado hasta 2026 de 750.000 millones de euros, dividido en 390.000 a fondo perdido y otros 360.000 en préstamos. Sus principales componentes son el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (672.500 millones) y el REACT-EU (47.500 millones).

De este volumen, a España le corresponden 150.000 millones para los próximos años (una cifra sin precedentes y el segundo mayor receptor tras Italia), de los cuales alrededor de la mitad no hay que reembolsarlos.

El objetivo prioritario es fomentar la recuperación a través de reformas estructurales y nuevos sectores, siguiendo los criterios de la denominada Economía 4.0, es decir, apostando por la tecnología y la digitalización, al tiempo que se debe hacer de una manera sostenible y respetuosa con el entorno y el medio ambiente.

Una maná en forma de dinero que fue acogido entre el tejido empresarial con enorme entusiasmo, aunque poco a poco esta sensación ha ido desapareciendo y las incertidumbres cada vez son mayores. En primer lugar, los fondos Next Generation ya nacieron con mal pie debido a las amenazas de veto de los países denominados ‘frugales’ (Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Austria), así como de Polonia y Hungría. Tras arduas negociaciones y varios golpes en la mesa de la canciller alemana, Angela Merkel, fueron aprobados a mediados de diciembre de 2020 por la Comisión Europea y refrendados por el Parlamento Europeo el pasado febrero.

Una vez superado este escollo, el objetivo era que el dinero empezara a repartirse en el segundo semestre de este año. Sin embargo, la realidad es bien distinta y, a día de hoy, existen muchas más dudas que certezas.

Por un lado, los plazos iniciales para la llegada del dinero han ido alargándose y ya nadie se atreve a poner fechas concretas pese a que la situación de decenas de miles de compañías es crítica. Por otro, lado hay cierto oscurantismo sobre cómo se procederá a su reparto dentro de España y cada vez son más las voces que advierten de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría favorecer a sus socios de Gobierno y a las comunidades en las que gobierna en detrimento de las que están en manos de otros partidos, principalmente el PP.

Tampoco está claro el método mediante el que se van a evaluar los proyectos y son crecientes los temores a que se repitan los errores que se cometieron con el Plan E. Paralelamente, España no se caracteriza por una buena gestión de los fondos europeos. A modo de ejemplo, del Mecanismo Financiero Plurianual 2014-2020 solo ha ejecutado el 43% de los recursos, es decir, el peor porcentaje de todos los estados de la UE.

A todos estos problemas se ha unido la ralentización en los planes de vacunación contra el Covid-19, provocando una rebaja de las previsiones económicas para el ejercicio actual.

En el caso de los sectores inmobiliario y de la construcción, así como de toda la industria anexa a sendas actividades (ingeniería, obra civil, servicers, arquitectura…), la situación es especialmente preocupante porque la venta de viviendas se ha frenado al igual que muchas infraestructuras y proyectos tanto privados como públicos.

Proyectos para viviendas

Para el conjunto del sector se abren numerosas oportunidades en materia de vivienda, dado que la renovación del parque de edificios es una de las prioridades clave de la Comisión Europea. En esta línea, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) presentado por el Gobierno español para canalizar estos fondos comunitarios se centra especialmente en la rehabilitación de viviendas y la regeneración urbana.

Así, el PRTR subraya la importancia de mejorar la habitabilidad e impulsar el sector de la construcción en clave sostenible (mejorando la eficiencia energética, impulsando infraestructuras verdes y desplegando techos solares) y digital (mediante aplicaciones inteligentes en edificios). En concreto, contempla la rehabilitación de 500.000 viviendas entre 2021 y 2023.
Según el Ministerio de Política Territorial, se destinarán 4.500 millones de euros del NGEU (un 6,25% del total de transferencias) para la rehabilitación de viviendas en los próximos años.

El último informe de Caixabank sobre este asunto destaca que no se financiarán directamente programas de vivienda social, pero permitirán liberar fondos para aumentar la dotación en este ámbito en los PGE 2021.

“Por tanto -refleja la sociedad de estudios de la entidad financiera-, los fondos europeos deben permitir una aceleración significativa de la velocidad de renovación del parque de viviendas español”.

No obstante, hay ciertos aspectos que pueden frenar su plena implementación: por un lado, los objetivos previstos contrastan con el ritmo actual de rehabilitación de viviendas, mucho más lento; por otro, la inversión para mejorar la eficiencia energética de la vivienda oscila entre 5.000 y 10.000 euros para el envolvente del edificio, y entre 12.000 y 40.000 euros para actuaciones completas, un coste elevado para muchos hogares.

Otro escollo al que alude Caixabank es que la voluntad de la población a realizar obras es, en general, baja y además se priorizan otro tipo de reformas frente a las relacionadas con la eficiencia energética.

Asimismo, la tipología de vivienda que predomina en España, caracterizada en su mayoría por edificios plurifamiliares de tres plantas o más, supone una mayor dificultad para tomar decisiones en comunidades de varios propietarios; y, por último, el nivel de preocupación o sensibilización de la población en relación con la eficiencia energética es relativamente menor a la de otros problemas relacionados con la vivienda.

Andalucía

Poniendo la lupa en Andalucía, el Gobierno autonómico creó en octubre la Oficina Next Generation, un órgano gestor para los nuevos Fondos Europeos, encargado de validar los proyectos que se presentarían desde esta comunidad autónoma.

Durante los últimos meses, empresas privadas, entidades sociales, ayuntamientos y diputaciones han ido presentado sus proyectos a las diferentes consejerías al objeto de optar a esa financiación necesaria para ponerlos en marcha. En total, la Oficina Next Generation ha recibido por parte de todas las consejerías 317 iniciativas por importe de 54.604 millones de euros.

El Gobierno autonómico aprobó en el último consejo de gobierno del año pasado un total de 151 proyectos por importe de 35.480 millones. El mayor volumen está destinado a proyectos de economía verde y a transporte sostenible, sumando un total de 30.000 millones de euros.

La Junta remitió esta propuesta al Ejecutivo nacional, que será quien decida cuáles se llevarán a cabo y cuánto dinero de estos fondos le corresponderá definitivamente a Andalucía.

Entre los proyectos de infraestructuras que la Junta ha recogido en el Plan que ha presentado al Ejecutivo central, figuran actuaciones de mejora de la movilidad urbana y metropolitana, destacando la ampliación de los metros de Sevilla, Málaga y Granada; el tramo ferroviario Bobadilla-Granada, incluido dentro del Corredor Mediterráneo; obras de depuración de aguas; o la mejora de la eficiencia energética de edificios públicos y privados.

Uno de los proyectos más ambiciosos está dirigido a industrializar el sector de la construcción de Andalucía con un presupuesto de 300 millones de euros. Dicha iniciativa “refuerza la industria y moderniza este sector, apostando por la digitalización, la transición hacia una economía hipocarbónica y más circular, el aprovechamiento de recursos naturales y por edificios inteligentes y ecosostenibles”, según aseguró recientemente el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco.

El reto del programa, que cuenta con el respaldo de Fadeco Constructores y Fadeco Promotores, es lograr en el año 2026 una producción industrializada de 20.000 edificios, incluidas viviendas de promoción pública y privada, así como inmuebles industriales y terciarios. La promoción de edificios ecosostenibles industrializados permitirá reducir la huella ecológica en todas las etapas de su ciclo de vida, atendiendo a las materias primas, materiales, producción, logística y distribución, además de uso y gestión final de las construcciones.

Otra de las iniciativas que la comunidad ha remitido al Gobierno central es el proyecto ATIS (Andalucía Territorio Inteligente y Sostenible), que aglutina actuaciones presupuestadas en 960 millones que contribuirán a conectar y transformar los espacios dedicados a la I+D+i para la consecución de ciudades inteligentes.

El Gobierno de España tiene de plazo hasta el 30 de abril de 2021 para presentar el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión Europea. Hasta entonces se mantendrá la incógnita de qué proyectos andaluces se seleccionarán y cuánto dinero llegará para invertir en obra pública en Andalucía, una comunidad especialmente asolada por el paro, y con un importante déficit en infraestructuras.

Críticas

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado que las comunidades autónomas no hayan contado, a día de hoy, con información precisa, concisa y detallada sobre los objetivos del Gobierno central con los fondos Next Generation de la Unión Europea ni haya puesto sobre la mesa un plan de reformas. En su opinión, esto puede “retrasar la llegada de estos fondos”, lo cual podría conllevar una pérdida del 1,3% del PIB.

También existen reticencias en el conjunto del país sobre los obstáculos que pueden surgir por la burocracia. De hecho, cada vez son más las asociaciones empresariales que han dado la voz de alarma, empezando por el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien viene advirtiendo en las últimas semanas de que hubiera sido positivo introducir más medidas encaminadas a la “desburocratización y evitar cuellos de botella en la Administración” que lo que provocan es, en su opinión, una ralentización de los procesos y la desincentivación de las empresas a participar en estos proyectos.

Igualmente, ha recordado que España tiene, tradicionalmente, un porcentaje de ejecución de proyectos europeos muy inferior al de otros países de nuestro entorno.

Un escepticismo que comparte su homóloga de Ceacop, Ana Chocano: “Como titular, todo lo que se ha hablado de los Next Generation es esperanzador y supone una inyección económica generadora de esperanza. Pero, esta deslumbrante noticia está cubierta por las sombras de la incertidumbre. No sabemos aún cuándo estarán disponibles estos fondos de activación económica; no sabemos aún cómo se van a vehicular para que sean eficaces y creen empleo y oportunidades; no sabemos aún qué requisitos serán necesarios para activar los proyectos que financien; y, por último, no sabemos aún quiénes serán los órganos o las administraciones que se encargarán de seleccionar los proyectos, con qué criterios y en qué condiciones”.

Ana Chocano abunda en esta idea al asegurar que “no sabemos si los fondos Next Generation van a ser una realidad en octubre de 2021 o en marzo de 2022. Son cuestiones que deben aclararse. No seamos cómplices de más falsas expectativas que no hacen más que originar frustración y llevar a la ruina a muchas empresas esperanzadas en esta tabla de salvación hacia la que nadamos con desesperación y vemos cada vez más lejana”.

Por su parte, Rafael Sánchez Alcalá, presidente de Fadeco Contratistas, señala que “la percepción generalizada es que la información no fluye como debería desde el Gobierno de la Nación hacia las comunidades autónomas y, además, existe muy poca sobre los proyectos y actuaciones concretas”.

El representante empresarial recuerda que la versión definitiva del Plan de Recuperación y Resiliencia está a punto de presentarse en Bruselas para que sea evaluado por la Comisión Europea en los próximos meses. “Un Plan con 30 componentes de las que apenas han trascendido manifestaciones de interés pero poca información, como decía, sobre proyectos concretos. Efectivamente, una mayor fluidez en la información desde un momento inicial permitiría una mayor implicación del sector privado que se traduciría, sin duda, en una mayor y más eficaz aplicación de los Fondos. Estamos preocupados por esto, sí”.

Preguntado sobre si teme que la batalla política entre el Gobierno y la Junta tenga consecuencias negativas para Andalucía y sea “castigada” frente a otras regiones a la hora de la aprobación de los proyectos, Sánchez Alcalá señala que es uno de los principales factores de riesgo que existen para el óptimo aprovechamiento de los Fondos, los cuales “deben servir de manera definitiva para corregir el abandono que el Gobierno de la Nación tiene con Andalucía, y para impulsar proyectos de constatada importancia como el Corredor Mediterráneo, el Corredor Ferroviario Central y otros muchos proyectos”.

También muestra sus dudas el presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, quien ve tres problemas principales en torno a los Next Generation. “El primero de ellos -subraya- es la falta de información que sufrimos. Ni siquiera sabemos cuáles van a ser los criterios de evaluación y selección”.
En segundo lugar, alude a una posible burocratización de todo el proceso, “algo que es muy grave porque muchas empresas están con respiración asistida y si no reciben un impulso es muy probable que tengan que cerrar o reducir su actividad y plantilla al mínimo”.

La tercera de sus preocupaciones es de carácter político: “Espero que la confrontación entre los partidos políticos no afecte en la toma de decisiones que deben ser exclusivamente empresariales”.

“Nos enfrentamos -concluye- a una crisis sin precedentes y tanto en España como en el conjunto de la UE debemos dar respuestas rápidas y contundentes. Es algo que vienen haciendo desde hace meses en Estados Unidos, donde, además de acelerar la vacunación, pusieron en marcha un plan de estímulos sin precedentes centrado en apoyar a su tejido empresarial. ¿El resultado? Mientras que el PIB de la eurozona se desplomó en 2020 un 6,8%, al otro lado del Atlántico solo cayó el 3,5%. Y para este ejercicio, prevén un crecimiento del 5,5% frente al 3,9% de la Unión Europea”.