No es el momento de subir las cotizaciones a los autónomos

Lorenzo Amor

Presidente de ATA

 

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de los trabajadores autónomos, pero pocos conocen el peso real, social y económico que tiene este colectivo. En España trabajamos 3.307.116 autónomos. Andalucía es la región española más emprendedora, con mayor número de autónomos y con una proyección sin techo. Hablamos de cerrar un enero que no ha sido fácil con 559.790 personas trabajadoras autónomas, 12.789 más que en enero de 2021.Y de un 2021 con el mejor registro exportador de nuestra historia alcanzando los 34.552 millones de euros. Emprendemos dentro, se nos reconoce (y compra) fuera.

No se nos debe escapar que el colectivo autónomo es un colectivo muy heterogéneo, pero todos tenemos un punto de unión y es que somos el eslabón más débil de la cadena, que hemos sufrido y salido muy perjudicados de la pandemia. Los autónomos están integrados en todos los sectores de la actividad productiva: de la agricultura al ocio, de la industria a la hostelería, de lo sanitario a los taxistas, de la educación a la ganadería, de las actividades inmobiliarias al trasporte. Generamos el 20% del PIB y aunque el 92% de las empresas tienen menos de cinco trabajadores se da ocupación a un tercio de la población ocupada, entre el empleo que generamos por cuenta ajena como el propio. Sin embargo, la mayoría de los autónomos no se recuperarán y facturarán las mismas cantidades de 2019 hasta muy entrado el año 2023. ERTE, ICOs o la Prestación por Cese de Actividad extraordinaria han sido herramientas muy importantes para salvar empresas y trabajadores, pero no estamos recuperados del todo, ni mucho menos.

No podemos olvidar que los costes energéticos han aumentado hasta un 40%, que incrementa a su vez el precio de las materias primas, los portes, etc. Este aumento de gastos se suma a la baja facturación, situación que nos deja en la cuerda floja.

Fácil es señalar que en el corto y medio plazo se deben priorizar unas medidas para paliar esta situación.

Primero, es necesario ampliar las moratorias de la devolución de los créditos ICO, al menos hasta septiembre del 2022. En segundo lugar, que los Fondos Europeos lleguen realmente al tejido empresarial. Hemos perdido la oportunidad de las ayudas directas. Es vergonzoso que de los7.000 millones de euros destinados ayudas directas a empresas y autónomos para paliar los efectos de la crisis económica provocada por la Covid se hayan devuelto un tercio a las arcas de Hacienda. Y todo por empeñarse en poner unas condiciones para su solicitud de difícil cumplimiento. Pero no porque el tejido productivo español y andaluz esté seguro y tranquilo económicamente, no, el problema ha sido que han dejado fuera a los que tuvieron pérdidas en 2019 y que sólo se podía justificar gastos sin tener en cuenta que hay muchas actividades que apenas tienen gastos afectos a la actividad y los que tienen son de difícil justificación. Pero tampoco han podido trabajar y sus ingresos se han visto muy mermados, como los de un guía turístico.  Por la burocracia y los requisitos incoherentes que se exigían para poder acceder a ellos, menos del 7% de los autónomos españoles han podido acceder a estos Fondos, unos fondos que eran absolutamente necesarios. Apostemos por la eliminación de trabas administrativas y por la formación y la digitalización de los autónomos y dejémonos de ponérselos aún más difícil a quien se juega todos los días su patrimonio. Y el de su familia. Estamos hablando del 90% del tejido productivo español y andaluz, estamos hablando de los que aportan el 20% del PIB.

Tenemos que felicitarnos porque en un año (enero 2021, enero 2022) se han sumado 7.523 autónomas a la aventura del autoempleo en Andalucía. Y no puede ser por otra cosa que porque cuando se pone empeño, se ayuda al autoempleo, la economía se mueve, se reinventa y crece. La tarifa plana y su ampliación en Andalucía funciona. Y funciona descargar a los autónomos de cargas y trabas. Andalucía aprobó la Ley 5/2021, de Tributos Cedidos reduciendo impuestos, algunos ya en vigor, otros en este año. Rebajar los impuestos de patrimonio, de sucesiones, donaciones, sobre transmisiones patrimoniales, sobre actos jurídicos documentados, y especialmente del IRPF. Andalucía se convierte en la tercera comunidad autónoma con los tipos más bajos. Bajando impuestos es como Andalucía ha recaudado 850 millones más en el conjunto de los ejercicios 2019 y 2020 sólo en IRPF.

Ese es el camino. Y por eso no podemos entender que se quiera imponer desde el Gobierno central una reforma del RETA que lleve a muchos autónomos andaluces a pagar cuotas mucho más altas en cotizaciones sociales pero que no resuelvan nuestros problemas. Los autónomos necesitamos certidumbre y seguridad para seguir creando empleo no un sistema recaudatorio y confiscatorio que esquilme aún más nuestra maltrecha economía.

Con la propuesta que el Ministerio de Seguridad Social ha hecho de reforma del RETA en el que se plantean tramos de cotización y cotizaciones a razón de los “ingresos reales” no ganamos nada. La propuesta, muy importante este detalle, es una propuesta y aún no hay nada definitivo, del Ministerio de Seguridad Social tiene varias lagunas:

– Acaba de confirmar Agencia Tributaria, tras meses de solicitar los datos, que hay más de un millón de autónomos con rendimientos cero o negativos.  ¿Qué cotización y qué prestaciones va a tener ese autónomo?

– Los gastos deducibles no son los mismos para todas las actividades, hay muchos que no pueden deducirse gastos que otros sí, y sin embargo son gastos afectos a la actividad. El ejemplo de un fotógrafo. El que tiene estudio se deduce el local, la luz… Pero el que hace bodas no se puede desgravar el combustible, el coche, ni la luz porque es de su casa. En este caso la cotización se haría a razón de la capacidad de deducción de un autónomo, no de sus ingresos reales.

– Las subidas propuestas para dos de cada tres autónomos son hasta del 20% para el año que viene. Sin embargo, la propuesta marca que una persona que ingrese menos de 700€ al mes, pague una cuota de 214€. Sigue siendo un exceso de cotización ya que hablamos de personas que están muy por debajo del salario mínimo interprofesional.

– Si se asegura que la pretensión es arreglar que la pensión de los autónomos sea igual que los de cuenta ajena (ahora mismo la media es un 40% más baja) es porque los autónomos cotizan un 40% de media menos. ¿Qué va a quedar con 700€?

Por esto, y por otras muchas cosas, lo que habría que disponer es de una propuesta que realmente de preocupe por:

– Bajar las cotizaciones a los que ganan menos del SMI.

– Que se ‘destope’ la base máxima para los mayores de 47 años, para que puedan elegir cotizar más si quieren, porque ahora está topada en 2.000 euros. Aquellos ganan más y quieren cotizar más, que puedan hacerlo. Muchos de los autónomos cuando llegan a cierta edad no saben que subiéndose esa base mínima, pueden optar después a una pensión mayor. Si esto se explica bien, seguramente muchos de ellos se lo suban.

-Que dejen deducirse los gastos de cotización a los autónomos societarios. Llevará al 66% a cambiar una base superior.

-Que se equiparen los próximos cinco años la base mínima al SMI. Y en la misma proporción que suba para el societario. Durante los próximos cinco años se debe recuperar el salario mínimo como referencia de la base mínima de cotización en el RETA (para personas físicas) optando por un incremento anual de alrededor el 5%, hasta igualar la diferencia que existe ahora, de 207 euros, y la que vaya creciendo.

Con estas premisas nos reafirmamos en que el sistema presentado de cuotas según «ingresos reales» es meramente recaudatorio. Y si lo que se necesita es recaudar, se puede hacer de forma coherente. Las propuestas de ATA conseguirían 1.000 millones de euros más que la propuesta del ministro Escrivá.

Subir ahora las cuotas no es una decisión acertada. En primer lugar, porque no hay progresividad en los tramos y se producen graves distorsiones y saltos en cuanto al esfuerzo contributivo y la protección asociada. En segundo lugar, porque antes de hablar de tramos tenemos que ir a la base y fundamento del sistema: la determinación de los ingresos. Y en tercer lugar, existen otras medidas que permiten una mayor vinculación de la cotización a los ingresos reales sin atacar la voluntariedad ante ingresos irregulares y mientras nos damos un plazo para el reordenamiento del RETA y un mayor requerimiento de obligaciones formales e información de calidad que ofrece la digitalización prevista de las relaciones de los autónomos a la Agencia Tributaria (AEAT) en los próximos años.

Apostemos por la facturación electrónica y la comunicación automática de las facturas emitidas a la AEAT. No tengo dudas en que debe entrar en vigor en los próximos cinco años y así se facilitará el conocimiento real de los ingresos de los autónomos.

Apostemos por el diálogo y por la gestión coherente con las circunstancias. Que no se repita el esperpento de la votación sobre la Reforma Laboral en el Congreso. Un texto que, por cierto, es ejemplo de acuerdo y que es reflejo de los grandes consensos, alcanzado por empresarios y sindicatos. ¿Tan difícil es entenderse y anteponer el interés general de los ciudadanos? Los interlocutores sociales tardamos nueve meses en llegar a un acuerdo equilibrado que mantiene la flexibilidad que necesitan las empresas para generar y mantener empleo y mantiene la libertad de empresa. Para las empresas, esta reforma tiene algunos elementos bastante importantes que, no obstante, han pasado desapercibidos, como es el hecho de que no se han tocado las herramientas que venían de la reforma de 2012, aunque se pretendía. No se ha modificado el artículo que hace referencia a la modificación de condiciones de trabajo, que empuja a otros artículos del Estatuto de los Trabajadores, como los descuelgues salariales o las movilidades. Se establecen nuevos ERTE, con la implementación de toda la experiencia de la pandemia, la propia subcontratación y qué convenio colectivo es aplicable o el mecanismo RED. Y se ha reformulado la contratación y, sobre todo, del contrato fijo discontinuo, un elemento clave en esta reforma. También la empleabilidad, porque prácticamente todas esas herramientas de flexibilidad interna introducen elementos relacionados con la formación de los trabajadores.

Lo que los agentes sociales acordamos han sido herramientas que garantizan la formación a lo largo de la vida y hemos reforzado la negociación colectiva, que ampliará en una buena parte lo negociado en la reforma.

Con diálogo se ha llegado a un acuerdo con las prestaciones por cese extraordinario de los autónomos. Mientras haya Covid se mantendrá la prestación extraordinaria por cierre administrativo. El fantasma de un rebrote está ahí y había que tenerlo presente. Y la gran parte de los autónomos que estaban en cese en febrero se les ha exonerado un 90% de la cuota de marzo. Y se hará un 75% en abril, un 50% en mayo y un 25% en junio. Esperemos que no haga falta tomas nuevas decisiones de este tipo. Será que la pandemia se dejado atrás. Para los autónomos en prestación extraordinaria de La Palma la prestación se va a mantener hasta 30 junio.

Sin embargo, se ha subido el SMI sin acuerdo. Es muy fácil subir sueldos y pagar salarios con el dinero de otro. En tres años hemos subido el salario mínimo algo más del 35% y, sin embargo, esos sectores o esas empresas no han podido repercutir a las administraciones. El aumento a 1000 euros en 14 pagas afecta fundamentalmente a pymes y autónomos, muy debilitados por la pandemia y acorralados por el alza de costes y la espiral inflacionista, y a sectores muy sensibles como el campo, los jóvenes y las empleadas del hogar. Contribuirá a aumentar los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas, lo que, unido a otros riesgos como el encarecimiento de las materias primas o los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro pueden llevar a un menor dinamismo económico en el futuro y a una menor creación de empleo. Que no nos extrañe si empezamos a ver reducir horarios en tos sectores o si se incrementa la economía sumergida. Los salarios no se fijan en nuestro país a través del salario mínimo interprofesional, se fijan a través de la negociación colectiva. Y falta que veamos ese incremento en los contratos públicos que tienen con las administraciones públicas muchos autónomos dedicados a la limpieza o al mantenimiento. Que a ellos no les obligan. Insisto, qué fácil es organizar el dinero de otros.

Por resumir, hacer reformas sin tener en cuenta a sus protagonistas conlleva la ruina y podría suponer el hachazo definitivo para muchos. Llegar a acuerdos es hacer país, añadir valor a la economía, pensar en los ciudadanos, dejar a los empresarios trabajar. Se debe poner el foco en eliminar trabas, bajar impuestos y facilitar la actividad a los autónomos y a los nuevos emprendedores. Es tiempo de apoyar a los autónomos y no de castigarles. Si a los autónomos les va bien, a Andalucía y a España les irá mejor.