Reflexiones sobre la vivienda protegida en Andalucía

Alicia Martínez

Secretaria General de Vivienda. Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

 

Las políticas de vivienda a lo largo de la historia han perseguido favorecer el acceso a las personas con menos recursos. No olvidemos que la compra de una vivienda es, probablemente, la mayor inversión que una persona o familia hace en su vida.

La primera legislación al respecto surge en los años cincuenta, con el objetivo de proporcionar viviendas a precio por debajo del mercado. Así se previeron distintos tipos de fórmulas para el acceso en alquiler, el acceso a la compra en diferido o en venta, teniendo presente que la prioridad de las familias es la compra de su propia vivienda.

Con el inicio de la crisis inmobiliaria, se dejaron de construir viviendas protegidas. La Junta de Andalucía tampoco abonó las ayudas, generando una burbuja de ayudas impagadas que afectó a muchos propietarios de VPO, que sí cobraron la ayuda estatal.

Además, el régimen jurídico de la vivienda protegida, tenía un plazo de 30 años, lo que en la práctica suponía que no se podía descalificar, y sólo se podía vender en determinadas situaciones y con el precio de la VPO, a pesar de no haber recibido ayudas. El precio de la vivienda libre cayó, hasta, en muchos casos igualarse al precio de la vivienda protegida, por lo que dejó de tener sentido.

Por tanto, la rigidez del concepto de vivienda protegida, en el diseño, la imposibilidad de venta en un plazo tan largo, la ausencia total de ayudas de la administración y la práctica equiparación del precio, supusieron la muerte de la vivienda protegida.

Por tanto, a la falta de demanda, los promotores respondieron, abandonando la promoción de vivienda protegida, dejando los suelos de reserva sin desarrollar, puesto que no eran viables económicamente.

Así, ahora que el mercado de la vivienda se ha reactivado con fuerza tras la pandemia, que ha sido causa determinante de concentrar nuestra prioridad en una vivienda moderna y adecuada, era el momento de retomar e impulsar la oferta de vivienda protegida, en los suelos vacantes de reserva que suponían en Andalucía, suelo para la construcción de 260.000 viviendas.

Por tanto, cuando llegamos al gobierno nos planteamos la aprobación del Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, para recuperar la promoción de vivienda “protegida”. Este Plan establece la modificación del marco jurídico flexibilizando los periodos de protección, de forma que son de 7, 10 y 15 años, según la vivienda sea de precio limitado, régimen especial, o general. Entendiendo que supone una ayuda en especie, y una medida de choque para activar la puesta en carga de los suelos de reserva.

Esto se une a la eliminación de los requisitos de diseño, la agilización de los trámites de calificación y la revisión de los precios que garantizan la viabilidad de la oferta de este tipo de viviendas. Lo que ha supuesto que en el primer semestre de 2021 se hayan incrementado las viviendas protegidas iniciadas un 45,3%.

En paralelo, promovemos programas con subvenciones y ayudas al promotor de viviendas protegidas en alquiler, para equilibrar la oferta de vivienda en alquiler ante la subida de precios.

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